El Concello de Culleredo enfrenta una intensa disputa política sobre la gestión de fondos públicos. La portavoz del PPdeG, Izaskun Gorostizu, acusa al gobierno local de pérdida de ayudas. El Ejecutivo municipal responde con datos contundentes: no hubo pérdida real, sino decisiones técnicas y respeto a la Ley de Contratos del Sector Público. La tensión revela un conflicto estructural entre transparencia administrativa y presión electoral.
¿Qué pasó con los 18 millones para La Cros?
El proyecto de recuperación de La Cros fue bloqueado en su momento por el voto en contra de la portavoz popular. Esa decisión impidió una inversión histórica de 18 millones de euros, destinada a regenerar un espacio emblemático del municipio.
El bloqueo como punto de inflexión
- El rechazo no fue técnico, sino político y unánime por parte del grupo popular.
- La iniciativa contaba con aval técnico y apoyo vecinal mayoritario.
- El Concello subraya que ese voto “marcará para siempre” la gestión de Gorostizu en Culleredo.
¿Hubo pérdida real de fondos de dependencia?
El Concello niega categóricamente la existencia de una “pérdida” de recursos. Las ayudas de dependencia se gestionan desde la Xunta de Galicia, no desde el ayuntamiento. El sesgo en su reparto afecta a Culleredo, pero no es responsabilidad municipal.
El papel real del Concello en la dependencia
- No gestiona directamente las ayudas, sino que actúa como intermediario técnico y de proximidad.
- Denuncia un sesgo institucional en la distribución de fondos por parte de la Xunta.
- Rechaza ser usado como chivo expiatorio por decisiones ajenas a su competencia.
¿Por qué no se convocaron las ayudas de empleo mencionadas?
El Concello no participó en las líneas de subvenciones de empleo citadas por el PPdeG. No se trató de una omisión, sino de una decisión técnica fundamentada.
Criterios de exclusión técnica
- Las convocatorias no se alineaban con los perfiles laborales prioritarios del municipio.
- No cumplían con los requisitos de sostenibilidad financiera a largo plazo.
- No existía una aportación garantizada, como erróneamente afirmó la oposición.
¿Qué dice la ley sobre los tiempos de inversión?
El retraso percibido en algunas obras no es negligencia. Es cumplimiento estricto de la Ley de Contratos del Sector Público, que exige plazos mínimos de publicidad, evaluación y adjudicación.
Datos Clave
- El dinero de los cullerdenses está consignado y tramitándose, no desaparecido.
- Las críticas del PPdeG ignoran la diferencia entre competencias municipales y autonómicas.
- El uso de imágenes aisladas (“fotos fijas interesadas”) distorsiona la realidad de la gestión.
- El Concello prioriza transparencia legal sobre velocidad electoral.
- La Xunta mantiene un sesgo en el reparto de fondos de dependencia, según denuncias locales.
El contexto actual muestra una creciente tensión entre gobiernos locales y la Xunta de Galicia en materia de financiación. Económicamente, Culleredo pierde oportunidades de inversión en infraestructura social y regeneración urbana. Desde el marco legal, el Concello actúa dentro de los márgenes de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, mientras que la oposición presiona con narrativas que no distinguen entre competencias. Esta dinámica no solo afecta a Culleredo, sino que refleja un patrón regional de politización de la gestión técnica. La transparencia no se mide en velocidad, sino en trazabilidad, legalidad y rendición de cuentas.
