El Concello de Miño ha impuesto multas a dos empresas por instalar carteles publicitarios en farolas sin permiso. Una firma promotora de una feria gastronómica recibió una sanción de 300 euros, y un circo fue sancionado con una medida equivalente. Ambas acciones se calificaron como infracciones graves por la Policía Local, que ejecuta el control del mobiliario urbano.
¿Qué actividades están prohibidas sin autorización en la vía pública?
La ordenanza municipal de Miño prohíbe expresamente la fijación de carteles, pegatinas, vinilos o cualquier soporte publicitario sobre farolas, contenedores, bancos, señales viales o elementos del mobiliario urbano. No basta con la intención de promocionar un evento: se exige una licencia previa emitida por el Ayuntamiento.
¿Por qué se considera grave esta infracción?
- Daña la integridad física de los elementos públicos.
- Genera costes de limpieza extraordinarios para el municipio.
- Afecta la percepción de orden y calidad urbana.
- Compromete la equidad entre empresas que cumplen y las que no.
¿Cuál es el impacto económico real de la publicidad ilegal?
Cada año, especialmente en verano, el Concello destina recursos económicos y humanos a retirar cientos de carteles no autorizados. Estas tareas no están contempladas en los presupuestos ordinarios. El gasto incluye mano de obra especializada, materiales de limpieza y gestión logística. En 2025, se estimó que las labores de retirada supusieron un desembolso extra de más de 12.000 euros, financiado con fondos públicos.
¿Cómo se calcula la multa?
Las sanciones se ajustan al régimen sancionador de la Ley de Régimen Local y a la ordenanza municipal de publicidad exterior. Las infracciones graves, como la instalación masiva sin licencia, oscilan entre 300 y 3.000 euros, según gravedad, reiteración y daños causados. En este caso, se aplicó el mínimo por ser primera infracción y ausencia de daño estructural.
¿Qué marco legal regula la publicidad en espacios públicos?
La base jurídica se articula en tres niveles:
- Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local: otorga a los ayuntamientos competencia para regular el uso del espacio público.
- Ordenanza Municipal de Publicidad Exterior de Miño (2022): establece requisitos, procedimientos y sanciones.
- Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico: regula la publicidad digital, pero no exime de cumplir normas locales para soportes físicos.
¿Qué alternativas legales existen para promocionar eventos?
- Solicitar la autorización previa en el área de Urbanismo o Medio Ambiente del Concello.
- Usar espacios publicitarios oficiales: paneles autorizados, lonas en zonas habilitadas o soportes digitales municipales.
- Colaborar con el Ayuntamiento en campañas conjuntas de promoción turística o cultural.
¿Qué datos clave debe conocer toda empresa o promotor en Miño?
- Las denuncias las inicia la Policía Local, no los vecinos ni servicios de limpieza.
- Las multas se notifican en un plazo máximo de 15 días tras la inspección.
- La retirada inmediata del material no exime de sanción, pero puede atenuarla.
- No se permite la publicidad en farolas, contenedores, muros de edificios públicos ni aceras.
- El plazo para recurrir una sanción es de 15 días hábiles desde la notificación.
Datos Clave
- La ordenanza de publicidad exterior de Miño entró en vigor en enero de 2022.
- En 2025, la Policía Local registró 47 denuncias por publicidad no autorizada.
- El 82 % de las infracciones se producen entre junio y septiembre.
- Las multas se ingresan en el presupuesto municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
- Miño forma parte de la Red Gallega de Municipios Sostenibles, lo que exige cumplimiento riguroso de normas de ordenación urbana.
El Concello de Miño refuerza su compromiso con la gestión responsable del espacio público. No se trata de limitar la promoción de eventos, sino de garantizar que se haga con respeto al entorno, la legalidad y la equidad. La vigilancia continúa activa, y las sanciones se aplican con criterio técnico y proporcionalidad. Empresas y promotores deben integrar el cumplimiento normativo como parte esencial de su planificación operativa.
