Este lunes 31 de mayo de 2026, el IVA de la luz y del gas vuelve al 21%, tras operar al 10% desde mediados de marzo. También se reactiva el impuesto especial sobre electricidad, que sube del 0,5% al 5,11%. Estas medidas fiscales se retiran un mes antes de lo previsto porque los precios de la energía cayeron más de lo esperado. El impacto es real: hasta 8 euros más en la factura de un consumidor del mercado libre.
¿Por qué se acaba la bonificación fiscal en la luz y el gas?
El Gobierno activó estas medidas mediante un real decreto-ley de respuesta a la crisis en Oriente Medio. Incluía una cláusula de desactivación automática: si el IPC de carburantes, electricidad y gas en abril de 2026 no superaba en un 15% al de abril de 2025, las rebajas expirarían.
Los datos oficiales confirmaron tasas interanuales negativas: -4,3% en electricidad y -9,6% en gas natural. Eso activó la cláusula. No hubo sorpresa técnica ni discrecionalidad: el mecanismo funcionó como estaba diseñado.
¿Qué impuestos cambian exactamente?
- El IVA pasa del 10% al 21% en la factura final de luz y gas.
- El impuesto especial sobre electricidad vuelve del 0,5% al 5,11%.
- Se mantiene la suspensión del 7% sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica hasta el 30 de junio.
Este último impuesto grava a los generadores, pero su coste se traslada al mercado mayorista y, finalmente, al consumidor.
¿Cuánto más pagarás en tu próxima factura?
Los cálculos de Selectra muestran diferencias claras entre mercados:
- En el mercado libre, con precio fijo del término de energía, el aumento es de 8,46 euros: de 56,32 € a 64,78 €.
- En el mercado regulado, el incremento es de 2,12 euros: de 49,42 € a 51,54 €.
Estas cifras no incluyen variaciones del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) ni del término de potencia, que siguen regidos por factores externos como el mercado mayorista y las subastas de CO₂.
¿Por qué el impacto es menor en el mercado regulado?
Porque el PVPC ya incluye componentes fiscales ajustados semanalmente. Además, el término de potencia —que representa entre el 30% y el 40% de la factura— no está sujeto a estos cambios de IVA ni impuesto especial. Eso amortigua el golpe para los consumidores regulados.
¿Qué pasa con los carburantes?
Las rebajas fiscales en gasolina y diésel siguen vigentes hasta el 30 de junio. El IVA se mantiene en el 10%, y el impuesto especial sobre hidrocarburos sigue en el mínimo autorizado por la Comisión Europea: 0,359 euros por litro. Esto evita una escalada adicional en los precios de los carburantes, clave para el transporte y la logística.
¿Qué implica esto para la inflación y la política energética?
La retirada anticipada de las medidas refleja una gestión proactiva del gasto público. El Gobierno evitó mantener ayudas innecesarias, lo que preserva el equilibrio presupuestario. Sin embargo, el efecto acumulado —IVA + impuesto especial— podría presionar ligeramente el IPC de mayo, especialmente en el capítulo de vivienda y combustibles.
Desde el punto de vista legal, todo se sustenta en el real decreto-ley 5/2026, cuya cláusula de desactivación fue evaluada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y validada por la Dirección General de Tributos.
¿Qué datos clave debes recordar?
- El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% el 31 de mayo de 2026.
- El impuesto especial sobre electricidad se restablece al 5,11%.
- La cláusula de desactivación se activó por tasas interanuales negativas (-4,3% electricidad, -9,6% gas).
- El impacto medio en la factura es de 2,12 € (regulado) a 8,46 € (libre).
- Las rebajas en carburantes permanecen hasta el 30 de junio.
- El impuesto del 7% sobre la producción eléctrica sigue suspendido hasta esa fecha.
El contexto económico actual muestra una desaceleración de los precios energéticos, pero también una mayor volatilidad geopolítica. La guerra en Oriente Medio sigue influyendo en los mercados de materias primas, aunque los precios al consumidor han cedido gracias a la estabilidad en las subastas de gas y a la mayor participación de energías renovables en el mix eléctrico nacional. Desde el marco práctico, los consumidores pueden mitigar el impacto revisando su potencia contratada o comparando ofertas en el mercado libre antes de que finalice el periodo de bonificación.
