La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa total de 2,91 millones de euros a cuatro agencias de viajes por manipulación de contratos relacionados con el Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid. Entre las empresas sancionadas se encuentran Ávoris, Nautalia Viajes, y Viajes El Corte Inglés, quienes se coludieron para repartirse contratos de manera irregular, afectando la competencia y las opciones disponibles para los usuarios.
La CNMC inició este procedimiento en diciembre de 2023, tras recibir información que indicaba posibles irregularidades en la licitación de servicios de agencia de viajes. Las investigaciones revelaron que entre el 21 y el 25 de octubre de 2021, las agencias involucradas acordaron no presentarse a una licitación del Banco de España, lo que llevó a que esta quedara desierta y se convocara nuevamente con condiciones más favorables para ellos. Este tipo de prácticas son consideradas ilegales bajo la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
### Manipulación de Licitaciones y sus Consecuencias
Los acuerdos entre las agencias no solo afectaron la licitación del Banco de España, sino que también se extendieron a la Universidad Complutense de Madrid. Entre el 3 y el 31 de octubre de 2022, las agencias acordaron repartirse los encargos de la UCM de manera rotatoria. Esto significaba que cuando la universidad solicitaba ofertas para viajes y alojamiento, solo recibía una propuesta en lugar de las tres que deberían haber sido presentadas. Esta práctica limitó las opciones para los usuarios y redujo la competencia entre las agencias, lo que es contrario a los principios de libre mercado.
La CNMC ha sancionado a cada una de las agencias involucradas con 630.000 euros por la infracción relacionada con el contrato del Banco de España. Además, se impusieron multas adicionales por el contrato de la Universidad Complutense, que ascienden a 110.000 euros para Ávoris, 220.000 euros para Nautalia y 60.000 euros para Viajes El Corte Inglés. En total, las sanciones suman 2,91 millones de euros, una cifra significativa que refleja la gravedad de las infracciones cometidas.
### Prohibiciones y Repercusiones Futuras
Además de las multas económicas, la CNMC ha establecido prohibiciones para las agencias sancionadas, impidiéndoles contratar con la administración pública durante un periodo determinado. En el caso de IAG7, la prohibición es de tres meses, mientras que Nautalia, Viajes El Corte Inglés y Ávoris enfrentarán una restricción de seis meses en licitaciones relacionadas con servicios de agencias de viajes y desplazamientos profesionales.
Las empresas tienen la opción de recurrir esta resolución ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la sanción. Esta situación plantea un escenario complicado para las agencias, que no solo deben enfrentar las multas, sino también la pérdida de oportunidades de negocio en el sector público.
Es importante mencionar que a pesar de estas sanciones, Ávoris ha logrado ganar el concurso de viajes del Imserso para la temporada 2025/2026, lo que indica que, a pesar de las irregularidades, la empresa sigue operando en el mercado de viajes. Sin embargo, la reputación de estas agencias podría verse afectada a largo plazo, ya que los clientes y las instituciones públicas podrían reconsiderar su relación con empresas que han sido sancionadas por prácticas anticompetitivas.
La CNMC ha dejado claro que este tipo de comportamientos no serán tolerados y que se tomarán medidas para proteger la competencia en el mercado. La vigilancia sobre las prácticas de las agencias de viajes se intensificará, y se espera que otras empresas del sector tomen nota de estas sanciones para evitar caer en prácticas similares que puedan resultar en consecuencias legales y financieras.
La situación actual resalta la importancia de la transparencia y la competencia en el sector de viajes, donde los consumidores deben tener acceso a múltiples opciones y ofertas. La CNMC continúa su labor de supervisión para garantizar que se respeten las leyes de competencia y se fomente un entorno de mercado justo y equitativo.
