El Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) es un mecanismo clave para la estabilidad del sistema eléctrico español. Permite a Red Eléctrica de España (REE) activar de forma inmediata la reducción de consumo industrial ante riesgos de desajuste entre oferta y demanda. En 2026, este servicio costará a los consumidores un 50 % menos que en 2025, con un total estimado de 434 millones de euros para todo el año.
¿Cómo funciona el SRAD y por qué se activa?
El SRAD se despliega cuando hay riesgo de déficit de generación o falta de margen de reserva. No es una medida preventiva habitual. Es una herramienta de emergencia operativa. REE lo activa solo si prevé que la producción disponible no cubrirá la demanda con seguridad.
Las empresas industriales participantes se comprometen a interrumpir su actividad eléctrica bajo aviso previo. Esto reduce la carga del sistema en cuestión de minutos. La capacidad contratada para el segundo semestre de 2026 es de 1.775 megavatios (MW). Las fábricas adjudicatarias aceptan parar hasta 2.358 horas entre julio y diciembre.
¿Quiénes pueden participar en el SRAD?
Solo grandes consumidores industriales con capacidad técnica para desconectar cargas significativas de forma segura y controlada. Deben cumplir requisitos de disponibilidad, respuesta rápida y verificación técnica por parte de REE. No se admiten PYMEs ni consumidores residenciales.
¿Cuál es el impacto económico del SRAD en las facturas de luz?
El coste del SRAD se reparte entre todos los consumidores finales a través del recibo de la electricidad. En 2026, el gasto total previsto es de 434 millones de euros, un 50 % menos que los 868 millones de 2025. Este descenso se debe a una reforma legal exprés impulsada por la Dirección General de Competencia.
El precio medio por megavatio hora (MWh) ha caído a 42,62 euros, frente a los 65 euros del primer semestre de 2026 y los 56,4 euros de 2025. Aunque se ha contratado más potencia y más horas, el costo unitario se ha reducido drásticamente.
¿Qué cambió con la reforma de Competencia?
La reforma introdujo límites de precio máximo en las subastas y mayor transparencia en la evaluación de ofertas. También reforzó los criterios de eficiencia técnica y penalizó ofertas desproporcionadas. Esto evitó el sobreprecio que se registró en la subasta de noviembre de 2025, donde el costo del primer semestre de 2026 alcanzó 255,5 millones de euros (+80 % interanual).
¿Qué marco legal regula el SRAD en España?
El SRAD está regulado por el Real Decreto 17/2022, que desarrolla el régimen de servicios de flexibilidad del sistema eléctrico. Posteriormente, la Ley 7/2023 de medidas urgentes para la transición energética y la reforma de Competencia de 2026 ajustaron los mecanismos de contratación y control de precios.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisa la transparencia de las subastas. REE debe publicar resultados, criterios de adjudicación y justificación técnica de cada contratación. Todo ello forma parte del cumplimiento del Reglamento (UE) 2019/943 sobre el mercado interior de la electricidad.
¿Cómo se integra el SRAD en la transición energética?
El SRAD es una pieza esencial para gestionar la intermitencia de las energías renovables. Al compensar la variabilidad de la eólica y la solar, evita recurrir a centrales de ciclo combinado o carbón en momentos de tensión. Así, contribuye a reducir emisiones y apoya la descarbonización del sistema.
Datos Clave
- El SRAD aportará 1.775 MW de flexibilidad para el segundo semestre de 2026.
- Las empresas adjudicatarias se comprometen a 2.358 horas de parada entre julio y diciembre.
- El precio medio adjudicado es de 42,62 euros/MWh, un 34 % menos que en el primer semestre.
- El coste total para 2026 es de 434 millones de euros, la mitad que en 2025.
- La reforma de Competencia de 2026 introdujo límites de precio y mayor control técnico en las subastas.
- El SRAD está regulado por el Real Decreto 17/2022 y supervisado por la CNMC.
El SRAD ya no es una medida de emergencia puntual. Se ha convertido en un pilar estructural de la operación del sistema eléctrico español. Su evolución refleja la madurez del mercado de flexibilidad. También evidencia cómo las políticas regulatorias pueden corregir distorsiones de precios sin comprometer la seguridad del suministro. Su sostenibilidad económica y técnica será clave para cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021–2030.
