La Oferta de Empleo Público 2026 ya es oficial: el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado 37.017 plazas para la Administración General del Estado (AGE) y las Fuerzas Armadas. Este número supera en 429 plazas al de 2025 y refleja una estrategia de estabilidad laboral en el sector público. Las convocatorias comenzarán a publicarse durante 2026, cumpliendo con el plazo legal de ejecución anual.
¿Cuántas plazas hay y cómo se distribuyen?
El total de 37.017 plazas se divide en tres categorías clave:
- 20.541 plazas de nuevo ingreso: accesibles para cualquier ciudadano que supere los procesos selectivos.
- 6.345 plazas de promoción interna: destinadas a funcionarios y personal laboral ya integrado en la AGE.
- 10.131 plazas restantes: corresponden a las Fuerzas Armadas y otros cuerpos dependientes del Ministerio de Defensa.
Esta distribución refuerza la dualidad entre apertura externa y desarrollo profesional interno. No incluye empleo en comunidades autónomas ni ayuntamientos, que gestionan sus propias ofertas.
¿Qué porcentaje está reservado para personas con discapacidad?
El Real Decreto 387/2026 establece una reserva obligatoria del 10 % de las plazas para personas con discapacidad acreditada. Esta cuota se desglosa así:
- 2 % para personas con discapacidad intelectual.
- 8 % para personas con cualquier otra discapacidad reconocida legalmente.
Esta medida no es meramente cuantitativa: forma parte de la estrategia de inclusión activa del Gobierno y se aplica de forma vinculante en todas las fases del proceso selectivo.
¿Qué implica la reserva legal en la práctica?
- Las plazas reservadas se ofertan en los mismos cuerpos y especialidades que el resto.
- Se exige la acreditación previa del grado de discapacidad mediante informe oficial.
- Los procesos selectivos incluyen adaptaciones razonables: tiempos adicionales, formatos accesibles, apoyos técnicos.
- El incumplimiento de esta reserva puede dar lugar a nulidad parcial de la convocatoria.
¿Cuál es el impacto económico y social de esta OEP?
Esta oferta tiene un efecto multiplicador en la economía nacional. Cada plaza de funcionario genera, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), un impacto indirecto de 1,7 puestos en sectores afines: formación, transporte, servicios administrativos y tecnología.
- El gasto estimado en nóminas anuales supera los 1.200 millones de euros.
- Se prevé una inversión adicional de 180 millones en formación inicial y evaluación de méritos.
- El 62 % de las plazas requieren titulación universitaria, lo que impulsa la demanda de perfiles técnicos y jurídicos.
Además, la OEP 2026 se alinea con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, priorizando perfiles digitales, sostenibilidad y atención ciudadana.
¿Qué marco legal regula su ejecución?
La oferta se sustenta en tres pilares normativos esenciales:
- La Ley 20/2021, de medidas urgentes para la modernización de la función pública.
- El Real Decreto 387/2026, que fija los criterios de reserva y accesibilidad.
- La Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, que garantiza transparencia y publicidad de los procesos.
Estas normas obligan a publicar cada convocatoria en el BOE, con plazos mínimos de 20 días para la presentación de instancias y garantías procesales para todos los candidatos.
Datos Clave
- Total de plazas: 37.017 (AGE + Fuerzas Armadas).
- Plazas de nuevo ingreso: 20.541.
- Reserva para discapacidad: 10 %, con desglose del 2 % para discapacidad intelectual.
- Plazo máximo para convocatorias: antes del 31 de diciembre de 2026.
- No incluye empleo autonómico ni local: competencia exclusiva de comunidades autónomas y entidades locales.
- Base legal principal: Real Decreto 387/2026 y Ley 20/2021.
