La planificación de la red de transporte de energía eléctrica en España es un proceso continuo que busca anticipar las necesidades de consumo y garantizar un suministro estable y de calidad. Actualmente, se está llevando a cabo la elaboración de un nuevo plan que abarcará desde 2025 hasta 2030, el cual se basa en las contribuciones de diversas autonomías y empresas del sector energético. Este nuevo plan se enmarca en un contexto de creciente demanda de energía y la necesidad de integrar fuentes renovables en el sistema eléctrico.
Recientemente, el Gobierno español aprobó una modificación excepcional de la planificación actual para incluir instalaciones críticas que no estaban contempladas inicialmente. Esta decisión responde a la urgencia de atender nuevos suministros y mejorar el almacenamiento de energía, en línea con los objetivos de transición energética y electrificación de la economía. La inversión inicial de casi 7.000 millones de euros se ha incrementado con 487 millones adicionales destinados a 37 actuaciones clave. Entre estas, destaca la construcción de una nueva subestación que resolverá problemas de tensión en la fábrica de Stellantis en Vigo, con un presupuesto de 72 millones de euros.
Además, se están realizando refuerzos para facilitar la integración de varias hidroeléctricas de bombeo en Galicia, como la gigabatería de Iberdrola en Conso. También se están instalando tres reactancias para mitigar el apagado de parques eólicos durante períodos de alta producción y baja demanda. La Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) ha señalado que el noroeste de España es un área crítica en términos de restricciones de control, lo que implica un sobrecoste para el sistema debido a la necesidad de desechar electricidad más económica.
El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un segundo cambio en la planificación, con el objetivo de aumentar la resiliencia de la red eléctrica tras un apagón histórico. Este nuevo plan incluye 65 actuaciones destinadas a incorporar herramientas que mejoren el control de tensión y la estabilidad del sistema eléctrico en la Península y en los archipiélagos. Se ha asignado un presupuesto de 750 millones de euros, de los cuales 71,1 millones se destinarán a Galicia.
Una vez que el documento sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio para la Transición Ecológica proporcionará detalles sobre las iniciativas específicas. En Galicia, existen proyectos industriales que esperan conectarse a la red, pero las prioridades actuales sugieren que los refuerzos se orientarán hacia la integración de tecnologías renovables, especialmente centrales reversibles que faciliten la gestión de la demanda.
El Ministerio también busca reducir el costo de la electricidad en aproximadamente 200 millones de euros mediante una mejor gestión de la tensión, lo que implica un menor uso de ajustes en la red. Esta modificación del plan de desarrollo se realiza bajo el marco de un macrodecreto de medidas urgentes, aprobado tras el apagón del 28 de abril, que ya contemplaba la implementación de mejoras en la infraestructura eléctrica.
La mayor parte de las inversiones se concentrará en Andalucía y Extremadura, las regiones más afectadas por el apagón. Andalucía recibirá 147 millones de euros y Extremadura más de 142 millones. Otras comunidades, como Castilla-La Mancha, Asturias y la Comunidad Valenciana, también recibirán inversiones significativas, similares a las de Galicia.
El informe del Gobierno sobre el apagón indica que el sistema eléctrico no contaba con la capacidad necesaria para controlar el exceso de tensión que provocó el colapso. Sin embargo, no se ha especificado si esta situación fue resultado de un fallo en la planificación de Red Eléctrica o de incumplimientos por parte de las compañías eléctricas. En respuesta a esta crisis, el Ministerio para la Transición Ecológica, bajo la dirección de la vicepresidenta Sara Aagesen, está implementando medidas urgentes para proteger la red de futuros problemas de tensión.
Las nuevas actuaciones incluyen la instalación de compensadores síncronos en la Península, una medida que se implementa por primera vez en esta región. Estos dispositivos son cruciales para el control dinámico de la tensión en la red y se distribuirán geográficamente para reforzar diversas áreas. Se prevé la instalación de ocho compensadores en diferentes regiones de la península, así como otros en las Islas Canarias, en La Palma y Lanzarote, complementando los ya existentes en Gran Canaria y Tenerife.
Además, se está avanzando en la ejecución de un compensador previsto en Mallorca. Estos equipos no solo mejoran el control de tensión, sino que también aportan inercia al sistema y aumentan la capacidad disponible para la generación de energía renovable, especialmente en sistemas no peninsulares. La modificación del plan también contempla la implementación de un sistema de transmisión de corriente alterna flexible en Cataluña, que ayudará a amortiguar oscilaciones en el sistema eléctrico, así como la renovación de reactancias y la ampliación de subestaciones.
Con estas medidas, el Gobierno busca no solo reparar los daños causados por el apagón, sino también establecer una red eléctrica más robusta y eficiente, capaz de soportar la creciente demanda de energía y facilitar la transición hacia un modelo energético más sostenible.
