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    Home»Política»Facturas falsas en obra pública: ¿qué implica la confesión del asesor fiscal de Franky?
    Política

    Facturas falsas en obra pública: ¿qué implica la confesión del asesor fiscal de Franky?

    adminBy admin13 de mayo de 2026No hay comentarios4 Mins Read
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    Un asesor fiscal admitió ante la Audiencia Nacional haber emitido seis facturas falsas entre 2016 y 2018. Las facturas se emitieron a nombre de Acciona y de la UTE Recajo, a petición de Koldo García. El caso forma parte de la trama Koldo-Cerdán, que investiga presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública en Navarra. El importe total no supera los 8.000 euros, pero su naturaleza simulada activa responsabilidades penales y administrativas.

    ¿Qué revela la confesión del asesor fiscal?

    Miguel Moreno Purroy reconoció haber emitido facturas sin prestación real de servicios. Él mismo declaró que Koldo García le indicaba los importes y él “inventaba” los justificantes. No hubo contratos, ni facturación por servicios de seguridad reales. El asesor creía que se trataba de una compensación informal, pero nunca verificó la legalidad del esquema.

    El rol de la tarjeta de visita de Acciona

    Koldo García entregó personalmente la tarjeta de visita de Acciona al asesor. Esto facilitó la apariencia de legitimidad. La factura falsa se presentó como si correspondiera a un proveedor autorizado. La UTE Recajo —formada por Acciona e IC Construcción— aparece vinculada directamente al esquema.

    ¿Cómo se vinculan las facturas con la adjudicación irregular de obra pública?

    Las facturas no respondían a una prestación real, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO). Su emisión coincide con etapas clave de licitaciones en las que Koldo García tenía influencia. La Fiscalía Anticorrupción vincula estos documentos con intentos de blanqueo o compensación por favores en procesos de contratación pública.

    El marco legal aplicable

    Estas conductas pueden tipificarse como delito de fraude en subvenciones (art. 306 CP), delito contra la Hacienda Pública (art. 305 CP) y cohecho si se prueba la contraprestación por influencia. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público exige transparencia y trazabilidad en todos los pagos derivados de contratos públicos.

    ¿Qué impacto económico tiene este tipo de fraude?

    Aunque el monto declarado es bajo (menos de 8.000 €), el efecto sistémico es grave. Cada factura falsa socava la integridad de los procesos de contratación. En Navarra, el gasto público en obra superó los 420 millones de euros en 2025. Un esquema como este, replicado, puede distorsionar licitaciones, desviar fondos y erosionar la confianza ciudadana.

    El costo oculto para las empresas legítimas

    Empresas que cumplen con la normativa enfrentan una competencia desleal. El fraude fiscal en contratos públicos reduce las oportunidades reales de acceso a licitaciones. Además, genera costes adicionales para las administraciones: auditorías, reclamaciones y litigios.

    ¿Qué dice la investigación sobre la UTE Recajo y la factura de 2.750 euros?

    En noviembre de 2017, Koldo García envió a un directivo de Acciona una factura titulada “FRA.9I UTE Recajo”, por 2.750 euros más IVA. El emisor era Moreno Purroy. El documento ocultaba el concepto real y el beneficiario final. No hay constancia de servicios prestados ni de facturación previa entre las partes. La UTE Recajo no reconoció la operación como válida.

    Datos Clave

    • Se emitieron seis facturas falsas entre 2016 y 2018.
    • Todas fueron solicitadas por Koldo García, sin prestación real de servicios.
    • Una factura de 2.750 euros se emitió a nombre de la UTE Recajo, vinculada a Acciona e IC Construcción.
    • El asesor fiscal actuó bajo instrucción directa, sin verificar la legalidad ni exigir contratos.
    • La Fiscalía Anticorrupción solicitó la comparecencia tras declaraciones públicas del asesor en el Congreso.
    • El caso se enmarca en la trama Koldo-Cerdán, investigada por la Audiencia Nacional.

    El contexto actual muestra una intensificación de los controles sobre la trazabilidad financiera en contratos públicos. Desde 2024, la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado aplican algoritmos de detección de facturas sospechosas. Además, la Ley de Transparencia exige publicar todos los pagos superiores a 10.000 euros. Este caso pone en evidencia las brechas que aún persisten en la supervisión de operaciones menores, pero estratégicamente significativas.

    auditoría pública contratación pública delito económico fraude fiscal trama koldo-cerdan
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