La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, la autorización para llevar a cabo una serie de diligencias que profundizan en las investigaciones relacionadas con un presunto amaño en la adjudicación de obras públicas. Este caso ha cobrado relevancia debido a la implicación de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, quien se encuentra vinculado a la cooperativa Erkolan, que recibió una transferencia significativa de fondos por parte de la empresa Servinabar, de la cual se le atribuye un 45% de propiedad.
Los investigadores han señalado que entre junio de 2020 y mayo de 2025, Servinabar transfirió un total de 367.290 euros a Erkolan. Este movimiento financiero coincide con la contratación de Belén Cerdán León, hermana de Santos Cerdán, por parte de la cooperativa. La Guardia Civil ha indicado que los pagos realizados por Servinabar, donde Antxon Alonso figura como administrador único, podrían haber estado destinados a cubrir los salarios de la hermana de Cerdán. Esta situación ha llevado a la UCO a solicitar acceso a la información bancaria de Erkolan y otros intervinientes en el proceso.
### Detalles de la Investigación
La UCO ha presentado un oficio al juez en el que se detallan las relaciones económicas entre Acciona Construcción y Servinabar. Según los informes, se ha establecido que el 75% de los beneficios de Servinabar, en la que Cerdán tiene un interés significativo, se relaciona con un acuerdo del 2% pactado con Acciona. Este acuerdo se ejecutaba a través de una unión temporal de empresas (UTE) entre Acciona y Servinabar, lo que ha suscitado la necesidad de ampliar la investigación a otros actores involucrados.
Los agentes han identificado un total de 11 cuentas bancarias a nombre de Justo Vicente Pelegrini, un ex empleado de Acciona, así como varias cuentas de otros subordinados. La UCO ha solicitado información detallada sobre los movimientos en estas cuentas desde enero de 2014, incluyendo saldos, ingresos y pagos, con el objetivo de rastrear el origen y destino de los fondos. Esta solicitud se enmarca dentro de la legislación vigente sobre la prevención del blanqueo de capitales, lo que añade un nivel de complejidad a la investigación.
Además, la UCO ha pedido acceso a información sobre transferencias internacionales y nacionales, así como cualquier cambio de divisas y reintegros en efectivo que superen los 300 euros. Este enfoque exhaustivo refleja la seriedad con la que se está tratando el caso, dado el potencial impacto en la reputación de las instituciones involucradas.
### Cambios en la Defensa Legal
En el contexto de este caso, el juez Leopoldo Puente ha aceptado el cambio de abogado del exministro José Luis Ábalos, quien ahora será defendido por Marino Turiel, tras la renuncia de su anterior letrado, Carlos Bautista. Este cambio se produce en un momento crítico, ya que la defensa de Ábalos ha estado en el centro de la atención mediática debido a su vinculación con el caso. El nuevo abogado ha solicitado asistir a la vista como oyente, aunque la defensa de los argumentos para su excarcelación fue presentada previamente por Bautista, quien había solicitado la celebración de la vista para defender su recurso de apelación.
La situación legal de Ábalos y su equipo de defensa se complica a medida que se desarrollan las investigaciones. La UCO ha dejado claro que su intención es seguir el rastro de los fondos y las relaciones económicas que podrían haber influido en la adjudicación de contratos públicos. La implicación de figuras políticas y empresariales en este caso ha generado un gran interés público, lo que podría tener repercusiones significativas en el ámbito político y social.
El caso de Santos Cerdán y la cooperativa Erkolan es un ejemplo de cómo las investigaciones sobre corrupción pueden desvelar redes complejas de relaciones económicas y políticas. A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles que arrojen luz sobre la magnitud de las irregularidades y la posible implicación de otros actores en este entramado.
La UCO continúa trabajando en la recopilación de pruebas y la identificación de posibles culpables, mientras que la opinión pública sigue de cerca el desarrollo de este caso que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el ámbito de las adjudicaciones de obras públicas.
