Just Eat ha activado un expediente de regulación de empleo (ERE) en España para despedir hasta 50 empleados de sus oficinas. El proceso, iniciado el 13 de mayo de 2026 en Barcelona, responde a una reestructuración operativa centrada en inteligencia artificial, estandarización logística y reducción de complejidad administrativa. La medida afecta exclusivamente a personal de oficina, no a repartidores, y se enmarca en un sector en plena reconfiguración tras la entrada en vigor de la ley Rider.
¿Qué implica el ERE de Just Eat para sus empleados?
El ERE afecta a trabajadores de administración, soporte operativo y gestión logística. La dirección ha fijado un límite máximo de 50 despidos, conforme a lo declarado públicamente. El periodo de consultas con los sindicatos dura 30 días, como exige la Ley de Estabilidad Laboral. Durante este tiempo, se negocian alternativas como despidos individuales, bajas voluntarias incentivadas o recolocaciones internas.
El papel de la inteligencia artificial en la reestructuración
Fuentes sindicales confirman que la automatización de procesos administrativos y logísticos es el eje central del recorte. Sistemas de inteligencia artificial ahora gestionan tareas como asignación dinámica de pedidos, seguimiento en tiempo real de flotas y análisis predictivo de demanda. Esto reduce la necesidad de supervisión humana en capas intermedias de operaciones.
¿Cómo afecta este ERE al mercado español del delivery?
Just Eat ocupa el tercer puesto en cuota de mercado, con solo el 14,5%, muy por detrás de Glovo (53,8%) y Uber Eats (28,5%). La reestructuración responde a una estrategia de supervivencia: ganar eficiencia sin ampliar inversión en infraestructura física. El objetivo es escalar con menor coste fijo, priorizando la tecnología sobre el personal administrativo.
Competencia desleal y litigios recientes
El contexto se complica por el fallo judicial en la demanda contra Glovo, donde Just Eat perdió por competencia desleal. El tribunal reconoció prácticas de captación agresiva de restaurantes y repartidores, lo que debilitó su posición negociadora. Ahora, la reestructuración también busca reconstruir credibilidad ante inversores y socios comerciales.
¿Qué dice la ley Rider sobre los trabajadores de oficina?
La ley Rider, vigente desde 2022, regula el estatus de los repartidores, pero no protege directamente al personal de oficina. Estos trabajadores siguen bajo el Estatuto de los Trabajadores, lo que les otorga derechos plenos en procesos de ERE: derecho a información, participación sindical y garantías de indemnización. No obstante, la norma ha generado un efecto indirecto: las empresas rediseñan sus estructuras para externalizar funciones no esenciales y reducir plantillas fijas.
Impacto económico del recorte
Cada despido en un ERE de este tipo implica un coste medio estimado de 35.000 € (indemnización + costes de transición). Para Just Eat, el recorte representa un ahorro anual proyectado de 2,8 millones de euros. Sin embargo, el riesgo está en la pérdida de conocimiento institucional y la posible desaceleración en la adaptación a nuevos modelos de servicio.
¿Qué consecuencias tiene para el sector delivery en España?
El ERE de Just Eat es un síntoma de una transformación sistémica. Glovo negocia un ERE aún mayor (750 despidos), mientras Uber Eats mantiene una política de contratación selectiva. El sector enfrenta una doble presión: cumplir con la Inspección de Trabajo, que ha sancionado a varias plataformas por irregularidades en la contratación de repartidores, y competir en un mercado saturado con márgenes cada vez más ajustados.
Datos Clave
- El ERE afecta hasta 50 empleados de oficina, no repartidores.
- El proceso se basa en la estandarización logística y la implantación de inteligencia artificial.
- Just Eat tiene una cuota de mercado del 14,5%, frente al 53,8% de Glovo.
- La ley Rider no regula a los trabajadores de oficina, pero condiciona toda la estrategia operativa.
- El periodo de consultas dura 30 días, según el Estatuto de los Trabajadores.
La reestructuración de Just Eat no es aislada. Refleja una tendencia sectorial: priorizar la escalabilidad tecnológica sobre la expansión humana. En un entorno donde la Inspección de Trabajo exige transparencia y la competencia desleal es judicialmente sancionable, las empresas apuestan por modelos más ligeros, más automatizados y menos dependientes de estructuras burocráticas tradicionales.
