La reciente acción del Gobierno español para regular el mercado de la vivienda turística ha tomado un nuevo giro significativo. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a la plataforma Airbnb la eliminación de casi 66,000 anuncios de pisos turísticos que se consideran ilegales. Esta decisión se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por controlar la proliferación de alojamientos turísticos que no cumplen con las normativas establecidas en varias comunidades autónomas, muchas de las cuales son destinos vacacionales populares tanto para turistas extranjeros como para residentes locales.
La problemática radica en que muchos de estos anuncios no cumplen con la obligación de incluir el número de licencia o registro, un requisito fundamental en diversas normativas autonómicas. Además, se ha detectado que algunos anuncios presentan números de licencia que no corresponden a los emitidos por las autoridades, lo que puede inducir a error a los consumidores. También se ha observado que muchos de estos anuncios no especifican la naturaleza jurídica de los arrendadores, lo que es crucial para que los potenciales inquilinos comprendan si están tratando con un profesional o un particular, afectando así sus derechos como consumidores.
### Acciones del Gobierno y Respuesta de Airbnb
El Ministerio ha emitido un total de tres resoluciones a la filial irlandesa de Airbnb, instando a la empresa a bloquear esta publicidad ilegal. Sin embargo, la compañía ha recurrido esta acción ante la Justicia, buscando evitar la eliminación de los anuncios. A pesar de esto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado en contra de Airbnb, ordenando la retirada inmediata de 5,800 anuncios, lo que representa menos del 10% del total señalado. Esta decisión judicial podría sentar un precedente para la eliminación del resto de los anuncios ilegales, lo que refleja la determinación del Gobierno por regular el sector.
Desde la Dirección General de Consumo, se han argumentado tres razones principales para justificar la ilegalidad de los anuncios detectados. La primera es la falta de inclusión del número de licencia o registro, que es la infracción más común. La segunda se refiere a la presentación de números de licencia incorrectos, y la tercera es la omisión de la naturaleza jurídica de los arrendadores. Estas infracciones no solo afectan a la transparencia del mercado, sino que también ponen en riesgo los derechos de los consumidores que buscan alquilar un alojamiento.
### Contexto y Precedentes en la Regulación de Alojamientos Turísticos
Este no es el primer intento del Gobierno por regular el sector de los alojamientos turísticos. En diciembre del año anterior, se había abierto un expediente sancionador contra Airbnb debido a que, a pesar de múltiples advertencias sobre la ilegalidad de varios anuncios, la plataforma no había tomado medidas para eliminarlos. En esa ocasión, se estimó que la multa podría ascender a 100,000 euros o incluso a varias veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa a través de estos anuncios.
La meta del Ministerio de Consumo es clara: acabar con el descontrol y la ilegalidad que ha caracterizado al mercado de alojamientos turísticos en España. Esta regulación no solo busca proteger a los consumidores, sino también favorecer el acceso a la vivienda, un tema que ha cobrado relevancia en el debate público en los últimos años. La proliferación de alojamientos turísticos ilegales ha contribuido a la escasez de vivienda en muchas ciudades, lo que ha llevado a un aumento en los precios de alquiler y a la dificultad para que los residentes locales encuentren un hogar asequible.
La situación actual refleja un cambio en la política del Gobierno hacia una mayor regulación del sector turístico, que ha sido objeto de críticas por su impacto en la disponibilidad de vivienda. La presión para regular este mercado ha aumentado, impulsada por la necesidad de proteger los derechos de los consumidores y garantizar que los alojamientos turísticos operen dentro del marco legal establecido. La respuesta de Airbnb y su capacidad para adaptarse a estas regulaciones será crucial en los próximos meses, ya que el Gobierno continúa su lucha contra la ilegalidad en el sector de los alojamientos turísticos.
