El proceso de cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz, ubicada en Cáceres, ha generado un intenso debate político y empresarial en España. A pesar de las presiones de las grandes eléctricas para retrasar el cierre, el Gobierno ha decidido avanzar con los planes de desmantelamiento, lo que ha llevado a la sociedad pública Enresa a iniciar la licitación de un contrato millonario para diseñar los trabajos de desmontaje. Este artículo explora los detalles de este proceso y las implicaciones que tiene para el futuro energético del país.
### Proceso de Desmantelamiento y Licitación
Enresa, la entidad encargada de gestionar los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las plantas nucleares en España, ha puesto en marcha la licitación para el diseño de los trabajos de desmantelamiento de Almaraz. Se espera que los dos reactores de la planta cierren en 2027 y 2028, y la licitación tiene un coste previsto de 23,7 millones de euros, que podría superar los 28,7 millones con impuestos. Este proceso ha sido complicado, ya que Enresa tuvo que ampliar el plazo para recibir ofertas debido al riesgo de que el concurso quedara desierto. Finalmente, se han presentado dos consorcios interesados en llevar a cabo los trabajos.
Uno de los consorcios está formado por la empresa estadounidense Westinghouse Electric, que tiene una larga historia con la central, ya que fue responsable del diseño y suministro de sus reactores en la década de 1980. Junto a Westinghouse, la corporación española Empresarios Agrupados Internacional busca hacerse con el contrato. El segundo consorcio está compuesto por GD Energy Services y su filial Innomerics. La participación de estas empresas refleja la importancia del desmantelamiento de Almaraz, no solo por su costo, sino también por las implicaciones que tiene para la seguridad y la gestión de residuos radiactivos en España.
Enresa ha estado trabajando en la recopilación de información necesaria para el diseño del proyecto de desmantelamiento y ahora se encuentra en la fase de contratación de servicios de ingeniería. Este paso es crucial, ya que el Plan General de Residuos Radiactivos establece que las labores de desmantelamiento deben comenzar entre tres y cinco años antes del cierre definitivo de la planta. Por lo tanto, la activación de este proceso es un indicativo de que el Gobierno está decidido a seguir adelante con el cierre programado.
### La Resistencia de las Eléctricas y el Futuro Energético
A pesar de los avances en el proceso de desmantelamiento, las grandes eléctricas que operan Almaraz, como Iberdrola, Endesa y Naturgy, han intentado negociar con el Gobierno para retrasar el cierre de la planta. Sin embargo, las posiciones entre las compañías y el Ejecutivo están muy distantes, lo que ha llevado a que las negociaciones no hayan avanzado. Actualmente, la planta se encuentra en ‘modo cierre’, lo que significa que no se están tomando decisiones cruciales para su futuro.
Las eléctricas han expresado su preocupación por la rentabilidad de nuevas inversiones necesarias para mantener la planta operativa más allá de las fechas de cierre programadas. Iberdrola, que posee el 52,7% de la planta, junto con Endesa y Naturgy, han indicado que no están dispuestas a realizar inversiones que no sean rentables. Esto ha llevado a un estancamiento en las discusiones sobre la posibilidad de extender la vida útil de la central.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha solicitado a las compañías que proporcionen la información necesaria para iniciar los estudios del proceso de desmantelamiento del primer reactor antes de noviembre. Las eléctricas han confirmado su intención de avanzar en este proceso, pero también han dejado claro que no están dispuestas a realizar inversiones significativas sin una garantía de rentabilidad.
El futuro de la central nuclear de Almaraz es incierto, y las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para determinar el rumbo de la energía nuclear en España. La presión por parte del Gobierno para cerrar las plantas nucleares se enfrenta a la resistencia de las eléctricas, que buscan mantener operativas sus instalaciones el mayor tiempo posible. La situación actual refleja un conflicto entre la política energética del Gobierno y los intereses económicos de las empresas, lo que podría tener repercusiones significativas en el panorama energético del país en los próximos años.
