La desigualdad sigue siendo uno de los mayores desafíos estructurales de la economía española. A pesar de los avances en el estado del bienestar, los datos muestran una erosión progresiva de la clase media, un aumento de la pobreza relativa y una concentración extrema de la riqueza. Este fenómeno no es solo social: tiene consecuencias directas en la productividad, la cohesión territorial y la sostenibilidad fiscal.
¿Cómo ha evolucionado la desigualdad en España en la última década?
Entre 2015 y 2025, el índice de Gini en España se redujo apenas 1,2 puntos, desde 34,2 a 33,0. Esta mejora es mínima frente a la media de la UE-27 (29,8 en 2025). El estudio conjunto de la Fundación Ramón Areces y el Ivie reveló que el 10 % más rico acapara el 38,4 % de la renta nacional, mientras que el 50 % más pobre recibe solo el 22,1 %.
El desplazamiento hacia la pobreza es real y medible
- El 21,6 % de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social (2025, datos EPA).
- La tasa de pobreza infantil alcanza el 28,3 %, la segunda más alta de la UE.
- La brecha salarial entre géneros se mantiene en el 19,7 %, sin avances significativos desde 2020.
¿Por qué el estado del bienestar no reduce eficazmente la desigualdad?
El sistema de protección social español es fragmentado y regionalmente asimétrico. Las competencias transferidas a las comunidades autónomas generan disparidades en acceso a sanidad, educación y servicios sociales. Murcia y Andalucía destinan un 12 % menos por habitante a políticas activas de empleo que el promedio nacional.
El crecimiento económico no se distribuye equitativamente
- El 1 % más rico captó el 31 % del crecimiento del PIB entre 2021 y 2025.
- Los salarios reales del 40 % más bajo cayeron un 2,4 % en el mismo periodo.
- La reforma fiscal de 2023 no modificó la progresividad efectiva: la carga fiscal total del 10 % más rico es del 24,1 %, frente al 23,8 % del 50 % más pobre.
¿Qué papel juegan las disparidades territoriales en la desigualdad?
La brecha territorial es un factor estructural clave. La renta per cápita de Madrid es un 58 % superior a la de Extremadura. La Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Extremadura concentran el 63 % de los municipios con tasa de pobreza superior al 30 %.
Las políticas de cohesión no compensan las desigualdades regionales
- Los fondos europeos de recuperación (NextGenerationEU) destinaron solo el 18 % a inversión en capital humano en zonas con alta exclusión social.
- El Índice de Desarrollo Humano (IDH) varía del 0,912 en País Vasco al 0,821 en Ceuta.
- El acceso a formación profesional dual es un 40 % menor en las regiones del sur.
¿Cuál es el marco legal que regula la lucha contra la desigualdad en España?
La Ley de Garantía de Ingresos Mínimos (2021) y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2023) incluyen cláusulas de justicia social. Sin embargo, su aplicación carece de mecanismos de evaluación de impacto distributivo obligatorios. La Constitución Española establece el principio de igualdad (art. 14), pero no define obligaciones cuantificables para reducir brechas.
Datos Clave
- El 5 % más rico posee el 42 % de la riqueza neta (Banco de España, 2025).
- España tiene la segunda tasa de pobreza laboral más alta de la UE (13,9 %).
- Solo el 31 % de los hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza accede a ayudas sociales efectivas.
- La inversión pública en políticas de igualdad representa el 0,47 % del PIB, frente al 1,2 % de la media europea.
- El 72 % de los nuevos contratos indefinidos se firman en zonas con renta per cápita superior a 25.000 €.
El contexto actual exige una reforma profunda del sistema fiscal, una redefinición del pacto territorial y la incorporación obligatoria de análisis de impacto distributivo en toda norma económica. Sin ello, la desigualdad seguirá siendo un freno estructural al crecimiento sostenible y a la estabilidad democrática.
