La situación del sector eólico en Galicia ha estado marcada por un estancamiento significativo en los últimos años. A pesar de ser una región con un gran potencial para la energía renovable, la instalación de nuevos parques eólicos ha sido mínima. En los últimos cinco años, solo se han incorporado 171 megavatios (MW) en comparación con los más de 6,000 MW que se han añadido en toda España. Este panorama sombrío se debe en gran parte a la judicialización de la mayoría de los proyectos autorizados por la Xunta, que han sido objeto de recursos por parte de organizaciones ambientalistas. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha bloqueado cerca de 80 proyectos, citando irregularidades en la tramitación y preocupaciones sobre el impacto medioambiental, a pesar de que estos proyectos habían superado las evaluaciones pertinentes.
El Ejecutivo autonómico ha expresado su esperanza de que un dictamen del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), previsto para el 1 de agosto, pueda desbloquear esta situación. Sin embargo, este dictamen se centrará exclusivamente en el proceso administrativo y no abordará directamente los problemas de fondo que enfrentan los proyectos paralizados. Esto significa que, incluso si se resuelven las cuestiones administrativas, los proyectos aún tendrán que enfrentar un largo camino judicial antes de poder avanzar.
### Nuevas Medidas para Revitalizar el Sector
Ante esta situación crítica, el Gobierno ha tomado medidas para aliviar la presión sobre los parques eólicos gallegos y el sector de las energías renovables en general. Un macrodecreto de medidas energéticas ha sido aprobado recientemente, ofreciendo un respiro a los proyectos que se encuentran en la cuerda floja. El 25 de junio marcaba el final del plazo legal para que muchos de estos proyectos comenzaran a operar, de lo contrario, perderían su derecho a conexión a la red eléctrica, un recurso extremadamente valioso en el contexto actual.
Con el nuevo decreto, se ha otorgado un plazo adicional de hasta tres años para que los proyectos puedan estar en funcionamiento. Además, se ha establecido una flexibilización general de los plazos para todos los proyectos que deben cumplir con hitos temporales establecidos por ley. Esto es especialmente relevante para las plantas que obtuvieron su derecho de acceso a la red eléctrica antes del 31 de diciembre de 2017, que ahora tienen hasta el 25 de septiembre para comunicar al Ministerio cuándo esperan estar operativas antes de mediados de 2028.
Las plantas que contaban con derechos de conexión previos a 2018 se reclasificarán bajo las mismas condiciones que los proyectos más recientes, lo que les permitirá tener un plazo máximo de ocho años para completar sus obras. Esta medida busca evitar la cancelación de proyectos viables que, debido a retrasos en la gestión de licencias o recursos administrativos, no podrían cumplir con los plazos exigidos.
### Vigilancia y Control del Sistema Eléctrico
Además de las medidas para facilitar la operación de los parques eólicos, el Gobierno ha ordenado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que intensifique la vigilancia sobre las compañías del sector eléctrico. Esta decisión surge tras el apagón ocurrido el 28 de abril, que puso de manifiesto la necesidad de un control más riguroso sobre el funcionamiento del sistema eléctrico.
La CNMC tiene un plazo de seis meses para elaborar un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de control de tensión por parte de los operadores eléctricos. Este informe se actualizará cada tres meses, lo que permitirá un seguimiento más cercano de la situación del sistema eléctrico. Además, en un plazo de 12 meses, la CNMC deberá presentar un plan de inspección que evalúe las capacidades de reposición del sistema, asegurando que se tomen las medidas necesarias para evitar futuros problemas.
Por su parte, Red Eléctrica de España también deberá desarrollar un plan de trabajo en el próximo año, centralizando la información de los más de 30 millones de clientes de luz en el país. Este enfoque busca crear un «punto de acceso único» a la información, facilitando la gestión y el control del sistema eléctrico.
En resumen, aunque el sector eólico en Galicia enfrenta desafíos significativos, las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno ofrecen una oportunidad para revitalizar este sector crucial para la transición energética. Con un enfoque renovado en la flexibilidad de plazos y un mayor control del sistema eléctrico, se espera que los proyectos eólicos puedan avanzar y contribuir de manera efectiva a la producción de energía renovable en la región.
