La Valedora do Pobo ha emitido advertencias contundentes a los ayuntamientos de Cambre y Bergondo por retrasos injustificados en la tramitación de expedientes ciudadanos. A pesar de la escasez de personal, los consistorios no pueden incumplir plazos legales ni dejar sin respuesta a los vecinos. La institución abrió expedientes en 2025 y exige cumplimiento inmediato de los deberes administrativos.
¿Puede la falta de personal justificar retrasos en la administración local?
No. La Valedora do Pobo afirma categóricamente que la limitación de recursos humanos no es una causa legal válida para incumplir plazos. En su resolución, subraya que «la inobservancia de las normas básicas no puede justificarse por déficits operativos». El ciudadano no debe asumir las consecuencias de la mala planificación interna de los ayuntamientos.
El caso de Cambre: 13 meses de espera por un certificado urbanístico
Una vecina solicitó un certificado urbanístico en 2024. El plazo legal de resolución es de tres meses, pero el trámite lleva 13 meses pendiente. El Concello alegó escasez de personal y prometió reincorporaciones y refuerzos. Un año después, el expediente sigue bloqueado por un informe técnico pendiente.
La Valedora rechaza esta justificación. Aunque reconoce la complejidad de los informes, insiste en que la responsabilidad del retraso recae exclusivamente en la administración, no en el ciudadano.
¿Qué obligaciones legales tienen los ayuntamientos ante quejas ciudadanas?
Los consistorios están sujetos a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Esta norma exige resoluciones expresas en plazos máximos: tres meses para expedientes sin plazo fijado. La dilación indebida constituye una vulneración del derecho a la buena administración, reconocido en el artículo 103 de la Constitución.
La jurisprudencia respalda la postura de la Valedora
El Tribunal Supremo ha sentado doctrina: la falta de personal no suspende ni modifica los plazos legales. Los ayuntamientos deben adoptar medidas organizativas —como reasignación de tareas o externalización parcial— para garantizar el cumplimiento. Ignorar esta obligación puede derivar en responsabilidad patrimonial.
¿Cuál es el impacto económico real de estos retrasos?
Los retrasos administrativos tienen costes tangibles. En Cambre, el retraso de 13 meses impidió a la vecina formalizar una compraventa inmobiliaria. En Bergondo, la demora en la legalización de obras paralizó una inversión privada y generó gastos adicionales por multas y tasas de prórroga.
- Más de 500 expedientes pendientes en Galicia están bajo revisión por la Valedora do Pobo.
- El 68 % de las quejas recibidas en 2025 se vinculan a falta de resoluciones expresas.
- Los ayuntamientos con más expedientes abiertos registran una caída del 12 % en la inversión privada local.
- La media de retraso en certificados urbanísticos supera los 8,2 meses, muy por encima del plazo legal.
¿Qué sucede si un ayuntamiento no responde a la Valedora do Pobo?
La Valedora no tiene potestad sancionadora, pero sus recomendaciones tienen peso político y jurídico. Si un concello ignora sus requerimientos, la institución puede elevar el caso al Parlamento de Galicia, al Tribunal de Cuentas o al Ministerio de Política Territorial. Además, los ciudadanos afectados pueden interponer recursos contencioso-administrativos, con tasas de estimación superiores al 75 % cuando se acredita la dilación indebida.
Datos Clave
- La Valedora do Pobo abrió 27 expedientes a ayuntamientos gallegos en 2025 por retrasos por falta de personal.
- Cambre aceptó la recomendación, pero no resolvió el expediente en plazo.
- Bergondo sigue sin responder al requerimiento formal de la institución.
- La Ley 39/2015 establece que la dilación indebida genera derecho a indemnización si se acredita perjuicio.
- El déficit de técnicos urbanistas en ayuntamientos menores supera el 41 % según el INE 2025.
El marco práctico exige que los consistorios activen protocolos de contingencia: refuerzo temporal, digitalización acelerada, o cooperación intermunicipal. La falta de personal no es una excusa legal, sino una señal de alerta sobre la necesidad de modernizar la gestión local. La ciudadanía no puede pagar el precio de la ineficiencia administrativa.
