La actual legislatura ha aprobado 28 traspasos de competencias a comunidades autónomas, la cifra más alta desde 2018. Este impulso responde a acuerdos de investidura y presiones territoriales, pero choca con límites constitucionales y legales. El ritmo se acelera en la recta final, aunque no todos los procesos avanzan con la misma velocidad ni claridad.
¿Cuáles son las comunidades con más traspasos en 2026?
Euskadi lidera la lista, seguida de cerca por Catalunya. Ambas han recibido competencias clave en educación, sanidad y justicia. Galicia también ha ganado impulso tras el acuerdo del BNG en el Congreso para la cesión de la AP-9. Sin embargo, el ritmo varía: mientras el Gobierno vasco ha cerrado traspasos en seguridad y administración pública, aún pende la cesión del régimen económico de la seguridad social, una materia altamente sensible.
El papel de los acuerdos de investidura
Los traspasos no son automáticos. Muchos derivan de compromisos formales con partidos nacionalistas. El acuerdo de investidura con EH Bildu incluye la finalización de las competencias pendientes del Estatuto de Gernika. En Catalunya, el pacto con Junts y ERC ha acelerado la transferencia de funciones en memoria democrática y lenguas cooficiales.
¿Por qué los puertos y aeropuertos generan resistencia?
Los puertos de Bilbao y Pasaia siguen bajo la red de Puertos del Estado, figura regulada por la Ley de Puertos de 2010. Fuentes del Ministerio de Transporte subrayan que su reasignación requiere reforma legal previa: “Eso no es tan fácil cambiarlo”. Lo mismo ocurre con los aeropuertos vascos: Aena los mantiene bajo la red de aeropuertos de interés general, un estatus que no admite cesión unilateral.
La solución intermedia: órganos bilaterales
Ante la imposibilidad legal de traspasar aeropuertos, el Gobierno optó por un órgano bilateral con la Generalitat Vasca. Este mecanismo permite coparticipación real sin alterar la titularidad. Es un patrón que se repite: cuando la ley bloquea la cesión, se prioriza la gobernanza compartida sobre la transferencia formal.
¿Qué obstáculos legales frenan los traspasos pendientes?
La principal barrera no es política, sino jurídica. El artículo 149.1.11ª de la Constitución reserva al Estado las competencias sobre puertos de interés general, aeropuertos de interés general, seguridad social y régimen económico de la seguridad social. Cualquier modificación exige reforma constitucional o ley orgánica, procesos de alta complejidad y consenso parlamentario.
El caso de la AP-9: costes, concesiones y bonificaciones
La cesión de la AP-9 a Galicia se estanca en los detalles técnicos: valoración de la concesión actual, bonificaciones aplicables y posibles indemnizaciones a la empresa gestora. No es un tema de voluntad política, sino de cálculo financiero y marco contractual. La Comisión Mixta de Transferencias aún no ha sido convocada, pese a la presión del BNG.
¿Cuál es el impacto económico de estos traspasos?
Cada traspaso implica recursos, personal y responsabilidad presupuestaria. La cesión de la AP-9, por ejemplo, trasladaría a la Xunta el coste de conservación y explotación, pero también los ingresos por peaje. En puertos, la gestión autonómica podría potenciar el comercio exterior regional, pero exige inversión en infraestructura y adaptación normativa. El Ministerio de Hacienda ya ha advertido sobre la necesidad de evaluaciones de sostenibilidad financiera previas a cada cesión.
Datos Clave
- Se han aprobado 28 traspasos en esta legislatura, frente a 17 en la anterior.
- Euskadi lidera la lista, seguida de Catalunya y Galicia.
- Los puertos de Bilbao y Pasaia están protegidos por la Ley de Puertos de 2010.
- Los aeropuertos vascos permanecen en la red de Aena, sin cesión formal posible.
- La AP-9 requiere acuerdo sobre costes de concesión, bonificaciones e indemnizaciones.
- El régimen económico de la seguridad social está reservado al Estado por la Constitución.
El marco legal no es un obstáculo técnico, sino un límite constitucional. Los traspasos avanzan donde la ley lo permite, se adaptan donde no, y se postergan donde exigen reforma. La recta final de la legislatura no cambiará ese equilibrio: acelerará los acuerdos factibles, pero no saltará las barreras del Estado de derecho.
