La jueza Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la causa por la dana de octubre de 2024, ha reiterado su requerimiento formal al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. Le exige que aporte, en un plazo de tres días, sus listados de llamadas y mensajes de WhatsApp del 29 de octubre de 2024. Este es un paso clave en la fase de instrucción del caso, tras la resolución favorable de la Audiencia de Valencia que le otorgó la condición de preinvestigado.
¿Por qué la jueza insiste ahora con los WhatsApp y llamadas de Mazón?
La magistrada ya había solicitado estos datos el 24 de marzo de 2026. Pero entonces, la defensa de Mazón —encabezada por el letrado Ignacio Gally— impugnó su citación como testigo. Solicitó, en su lugar, la condición de preinvestigado, con todas sus garantías procesales. La Audiencia de Valencia admitió ese recurso el 7 de mayo. Tras esa resolución, la jueza anuló la citación anterior y reactivó el requerimiento original.
¿Qué implica ser preinvestigado en este caso?
Ser preinvestigado no significa que haya imputación formal. Pero sí otorga derechos reforzados: derecho al silencio, a no declarar contra sí mismo y a recurrir resoluciones judiciales. También implica que cualquier prueba aportada —como mensajes o registros telefónicos— debe ser cotejada por la letrada de la administración de justicia, no por la defensa directamente.
¿Qué documentos puede entregar Mazón según la providencia?
- Listado de llamadas entrantes y salientes del 29 de octubre de 2024.
- Capturas o copias de mensajes de WhatsApp o apps similares de esa fecha, vinculados a la emergencia.
- Facturas o documentos oficiales que respalden los registros telefónicos.
La jueza aclara que la entrega debe ser voluntaria, pero advierte que su negativa podría tener peso probatorio en fases posteriores.
¿Cuál es el marco legal que rige esta exigencia?
El requerimiento se sustenta en el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a la autoridad judicial solicitar documentos privados cuando son relevantes para la investigación. También se aplica el principio de proporcionalidad: solo se piden datos de una sola fecha, vinculados directamente a la gestión de la emergencia. No se solicita acceso a dispositivos ni a historiales completos.
¿Qué dice la jurisprudencia reciente sobre WhatsApp en causas institucionales?
El Tribunal Supremo ha reiterado que los mensajes de mensajería instantánea tienen valor probatorio pleno, siempre que se acredite su autenticidad y origen. En causas de responsabilidad pública —como esta—, los intercambios sobre toma de decisiones en tiempo real son especialmente relevantes.
¿Qué impacto económico y político tiene esta fase del caso?
La dana de octubre de 2024 causó daños estimados en más de 1.200 millones de euros en la Comunitat Valenciana. La gestión de la emergencia está bajo escrutinio por posibles fallos en coordinación, alertas tardías y asignación de recursos. La transparencia en las comunicaciones oficiales del 29 de octubre afecta directamente la evaluación de la responsabilidad institucional y las futuras reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat.
Datos Clave
- La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha reactivado el requerimiento tras la resolución de la Audiencia de Valencia.
- El plazo para responder es de tres días hábiles desde la notificación de la providencia.
- Mazón actúa como preinvestigado, no como imputado ni testigo.
- Solo se solicitan datos del 29 de octubre de 2024, fecha central de la emergencia.
- La entrega debe ser voluntaria, pero su negativa puede ser valorada en la fase de juicio oral.
¿Cómo se relaciona esto con la confianza ciudadana y la gobernanza?
Este requerimiento no es técnico: es un indicador de rendición de cuentas. En contextos de desastres naturales, la trazabilidad de las decisiones —y quién las tomó, cuándo y con qué información— es esencial para la credibilidad institucional. La Comunitat Valenciana enfrenta ya demandas colectivas y presión europea por la gestión del riesgo climático. Cualquier omisión o falta de colaboración en esta fase podría agravar la percepción de opacidad y afectar futuros fondos de recuperación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE.
