La reciente Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona ha dejado al descubierto las profundas divisiones políticas en España, especialmente entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y único barón socialista con mayoría absoluta, se convirtió en el protagonista de la jornada al criticar abiertamente el pacto migratorio entre el PSOE y Junts, así como la gestión del Gobierno en temas cruciales como la vivienda y la financiación autonómica.
García-Page no dudó en calificar de «obsceno» el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts sobre la gestión de las competencias migratorias, lo que ha generado un fuerte rechazo entre los presidentes de las comunidades autónomas del PP. En su intervención, el presidente castellano-manchego anunció que llevará al Tribunal Constitucional el decreto que regula el reparto de menores extranjeros no acompañados, conocido como menas. Esta decisión refleja la creciente preocupación por la crisis migratoria que afecta a regiones como Canarias y Ceuta, donde la situación se ha convertido en una «emergencia humanitaria».
El tono de la conferencia se tornó tenso cuando García-Page abordó el tema de la vivienda. Criticó el «improvisado» pacto de Estado propuesto por Sánchez, que fue presentado apenas 48 horas antes de la reunión. Afirmó que la política de vivienda del Gobierno se limita a anuncios y promesas incumplidas, lo que fue respaldado por otros presidentes autonómicos del PP que también expresaron su descontento con la falta de acciones concretas en este ámbito.
### La Fractura en la Financiación Autonómica
Uno de los puntos más críticos de la conferencia fue la financiación autonómica. García-Page exigió un compromiso claro del Gobierno para abordar la reforma del modelo de financiación, rechazando de plano el llamado «cupo catalán». Este sistema de financiación, que algunos consideran inconstitucional, ha generado un profundo descontento entre las comunidades autónomas que sienten que se ven perjudicadas por un trato desigual.
El presidente de Castilla-La Mancha argumentó que el Estado ha estado «haciendo caja» a expensas de las autonomías, lo que ha llevado a una situación insostenible. «El aumento de ingresos ha repercutido más a las arcas del Estado que a las comunidades autónomas», afirmó, subrayando la necesidad de un modelo de financiación que garantice la equidad y la justicia entre todas las regiones del país.
La falta de acuerdos concretos durante la conferencia fue evidente, y el ambiente se tornó aún más tenso cuando Sánchez intentó interrumpir a García-Page en varias ocasiones. Sin embargo, el presidente castellano-manchego mantuvo su postura firme, desafiando al jefe del Ejecutivo y dejando claro que no se dejaría silenciar. Esta dinámica refleja la creciente polarización política en España, donde las diferencias entre el Gobierno y las comunidades autónomas se han vuelto más pronunciadas.
### Reacciones y Consecuencias
Las reacciones a la conferencia no se hicieron esperar. Desde el PP, se acusó al Gobierno de incapacidad para gestionar la situación y de preferir el boicot a la búsqueda de soluciones. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, afirmó que el fracaso de la conferencia confirma que el Gobierno está colapsado y que es necesario devolver la voz a los ciudadanos mediante la convocatoria de elecciones anticipadas.
Por su parte, el Gobierno lamentó que el PP haya optado por boicotear la conferencia en lugar de colaborar en la resolución de problemas. Sánchez, que había pedido a los presidentes autonómicos dejar de lado la crispación, no logró evitar la fractura entre las distintas fuerzas políticas, lo que pone de manifiesto la dificultad de alcanzar consensos en un clima de creciente tensión.
La Conferencia de Presidentes, que se había planteado como un espacio de diálogo y colaboración, terminó sin acuerdos y con un ambiente más polarizado que al inicio. La falta de compromisos concretos sobre la financiación autonómica y otros temas clave deja entrever que el camino hacia una solución a los problemas que enfrenta España será largo y complicado. La intervención de García-Page ha puesto de relieve la necesidad de un debate serio y constructivo sobre la financiación y la gestión de competencias, algo que parece estar lejos de alcanzarse en el actual contexto político.
