El Consello de Contas de Galicia ha suspendido a Cambre y Culleredo en la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2024. Estos dos ayuntamientos forman parte del 22 % de entidades locales gallegas —incluidas mancomunidades— que no presentaron su cuenta general antes del 5 de marzo de 2026, fecha límite del informe de fiscalización. La falta de entrega impide la auditoría externa y limita el acceso ciudadano a la transparencia financiera municipal.
¿Qué implica no presentar la cuenta general en plazo?
No entregar la cuenta general a tiempo no es un mero retraso administrativo. Es una brecha en la rendición de cuentas democrática. Este documento es la base para evaluar la gestión económica del gobierno local. Su ausencia obstaculiza la fiscalización por parte del Consello de Contas, ente autonómico con competencias legales para garantizar la legalidad, economía y eficiencia del gasto público.
Sin la cuenta general, no hay control externo efectivo. Tampoco hay información pública verificada sobre ingresos, gastos, deudas o resultados financieros. Esto afecta directamente al derecho de los ciudadanos a conocer cómo se gestionan sus impuestos.
¿Por qué Cambre aprobó la cuenta pero no la envió a Contas?
Cambre sí aprobó su cuenta general de 2024 en Pleno y la mantuvo en exposición pública durante abril de 2026. Sin embargo, no la remitió al Consello de Contas antes del cierre del informe. El retraso en la entrega impide su inclusión en el informe anual de fiscalización, aunque el documento exista internamente.
Deudas estructurales y servicios en precario
La interventora accidental de Cambre identificó dos problemas críticos: los abonos pendientes a la EDAR de Bens, acumulados desde ejercicios anteriores, y las deudas a proveedores. Además, señaló la existencia de servicios en precario, es decir, personal sin contrato vigente. Este último punto fue calificado como un asunto de «prioridad absoluta» por su impacto en la legalidad laboral y la sostenibilidad administrativa.
¿Qué explica el retraso en Culleredo?
Culleredo atribuye su incumplimiento a una sobrecarga de trabajo en los servicios municipales. La tramitación de la cuenta general requiere una recopilación técnica y contable compleja, que se vio afectada por la falta de personal especializado.
Ausencia de interventor en propiedad
Durante los últimos tres años, Culleredo no ha contado con un interventor con plaza en propiedad. Esta carencia generó una sobrecarga evidente en el área económica. La interventora titular acaba de incorporarse. Una vez que confirme la cuenta general, se convocará la Comisión Especial de Contas, y posteriormente se remitirá al Pleno para su aprobación.
¿Cuál es el impacto económico y legal real?
La falta de rendición de cuentas no es solo un problema de transparencia. Tiene consecuencias prácticas: limita el acceso a subvenciones estatales y europeas, que exigen certificación contable. También incrementa el riesgo de responsabilidades contables para los cargos públicos, según la Ley General Presupuestaria y la Ley de Régimen Local.
En el contexto actual, con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) fluyendo a los ayuntamientos, la solvencia contable es un requisito previo para la ejecución de proyectos. Sin cuentas aprobadas y auditadas, los municipios pierden capacidad de gestión y credibilidad institucional.
Datos Clave
- El 22 % de las entidades locales gallegas no presentó su cuenta general de 2024 al Consello de Contas.
- Cambre aprobó su cuenta en abril, pero no la envió antes del 5 de marzo de 2026.
- Culleredo careció de interventor en propiedad durante tres años consecutivos.
- Las deudas a la EDAR de Bens y los servicios en precario son alertas estructurales en Cambre.
- La sobrecarga de trabajo y la complejidad contable son los motivos oficiales del retraso en Culleredo.
- La Ley de Régimen Local exige la presentación de la cuenta general dentro de los seis meses posteriores al cierre del ejercicio.
