El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la responsabilidad del Concello de Culleredo por pagos fuera de plazo, pero ha reducido sustancialmente la cuantía reclamada. La sentencia marca un precedente clave sobre el cómputo de intereses de demora y la exigencia de procedimiento administrativo válido en contratos menores.
¿Qué dice la sentencia del TSXG sobre los pagos tardíos?
El TSXG ratifica que el Ayuntamiento incumplió el plazo legal para abonar 94 facturas. Sin embargo, corrige el punto de partida del cómputo de intereses de demora. No comienza con la presentación electrónica de la factura, sino tras dos plazos sucesivos de 30 días: uno para la aprobación de la obra y otro para su pago. Ese plazo total de 60 días es el umbral legal desde el cual opera la mora.
Este cambio reduce drásticamente la base temporal para calcular intereses. La empresa reclamaba 110.624 euros, pero el nuevo cómputo limita la responsabilidad económica del Concello.
¿Por qué no se reconocieron los 19.125 euros adicionales?
El TSXG rechazó la reclamación de dos facturas no pagadas (13.438 y 5.687 euros) por falta de sustento procesal. El tribunal subraya que no existió contrato formal, ni acta de aceptación, ni documentación que acreditara la ejecución de los trabajos.
Falta de procedimiento administrativo
La ausencia de acta de recepción, certificación técnica y resolución de adjudicación fue determinante. Sin estos documentos, la Administración no puede asumir obligaciones de pago, aunque los trabajos se hayan realizado.
Riesgo de nulidad absoluta
La jurisprudencia vigente considera nulas las prestaciones sin base contractual válida. Esto impide que empresas reclamen pagos por trabajos no formalizados, incluso si fueron útiles para el Ayuntamiento.
¿Qué costes sí debe asumir Culleredo de forma inmediata?
La sentencia impone una condena inapelable por costes de cobro. Según la Ley 3/2004 contra la morosidad, cada factura pagada fuera de plazo obliga al deudor público a abonar 40 euros fijos. Con 94 facturas afectadas, el importe asciende a 3.760 euros.
Este monto es independiente del cálculo de intereses y no admite reducción. Es una sanción automática por incumplimiento del plazo de pago.
¿Qué impacto tiene esta sentencia en los ayuntamientos gallegos?
La resolución del TSXG refuerza la exigencia de trazabilidad administrativa en contratos menores. Más del 70 % de los contratos locales en Galicia superan los 40.000 euros, pero muchos se gestionan sin los controles mínimos exigidos por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Datos Clave
- El TSXG establece que el cómputo de intereses de demora comienza tras 60 días naturales, no tras la presentación de la factura.
- La falta de acta de recepción o resolución de adjudicación anula cualquier reclamación de pago, aunque los trabajos se hayan ejecutado.
- El coste fijo de 40 euros por factura impaga es obligatorio y no negociable bajo la Ley 3/2004.
- El fallo abre la puerta a recursos de casación, pero la doctrina sobre plazos y formalidades ya es vinculante para otros tribunales.
El marco legal actual exige que los ayuntamientos gallegos revisen sus protocolos de facturación y control de plazos. La Dirección Xeral de Contratación Pública ha intensificado las inspecciones desde 2025, con multas que alcanzan hasta el 5 % del valor del contrato por incumplimientos reiterados.
Económicamente, los retrasos en pagos generan un efecto dominó: empresas locales reducen inversión, se ralentiza la ejecución de obras y aumentan los costes de financiación. Según datos del Instituto Galego de Estatística, el retraso medio en pagos municipales en Galicia fue de 78 días en 2025, 12 días por encima del límite legal.
La sentencia del TSXG no solo resuelve un litigio aislado. Refuerza la exigencia de transparencia procesal, control interno riguroso y capacitación técnica del personal municipal. Ignorar estos requisitos ya no es una opción operativa: es un riesgo financiero y legal comprobado.
