Una trama inmobiliaria que involucra suelos públicos del Ministerio de Defensa y ADIF, financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y fondos Next Generation, está bajo investigación por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El caso gira en torno a Leire Díez, exmilitante del PSOE, y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Las pruebas incluyen libretas manuscritas, mensajes interceptados y reuniones con promotores clave.
¿Qué terrenos públicos estaban en juego?
Los documentos de la UCO señalan suelos estatales gestionados por el Ministerio de Defensa y ADIF, con potencial para recalificación urbanística. Estos terrenos no estaban en venta pública ni sometidos a licitación. Su destino previsto era un plan de vivienda, pero parte del suelo se destinaba a la venta directa a un promotor privado.
El papel de la recalificación urbanística
La recalificación es un acto administrativo que cambia la categoría de un suelo de rústico o no urbanizable a suelo urbanizable. Este cambio multiplica su valor hasta en un 300 %. En este caso, la operación requería coordinación entre administraciones autonómicas y locales, lo que activa controles de transparencia y prevención de conflictos de interés.
¿Quién financiaba la operación?
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) aparece como financiador principal. Además, los documentos mencionan la posible inyección de fondos Next Generation. Estos recursos están sujetos a estrictos requisitos de gasto público transparente, trazabilidad y alineación con objetivos climáticos y de vivienda asequible.
Riesgos legales del uso de fondos europeos
Usar fondos Next Generation para operaciones con promotores privados sin licitación pública vulnera el Reglamento (UE) 2021/241. También incumple la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que exige procedimientos abiertos para la cesión de suelo público.
¿Qué papel jugó Leonardo Sánchez-Heredero?
El promotor madrileño, descrito por Díez como la «236º mayor fortuna de España«, aparece en tres entradas de sus libretas. Es dueño de Inypsa, Parcesa y Grupo Inmobiliario Delta, y tesorero de ASPRIMA. Sus vínculos con el exalcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, y con cargos del PSOE madrileño generan sospechas de captura regulatoria.
El eje Alcobendas como núcleo operativo
Díez anota que Alcobendas es un «eje de negocio» y que Sánchez-Heredero «se ha entendido muy bien con el alcalde». Esto sugiere una estrategia de coordinación entre promotor y administración local para agilizar trámites de licencias, calificaciones y cesiones de suelo.
¿Cuál es el marco legal aplicable?
La operación cruza múltiples normas: la Ley del Suelo (TRLRS), la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley de Transparencia. Cualquier cesión de suelo público sin concurso público puede configurar prevaricación urbanística o malversación de caudales públicos, según la Audiencia Nacional.
Datos Clave
- La UCO intervino libretas manuscritas de Leire Díez con referencias a terrenos del Ministerio de Defensa y ADIF.
- Vicente Fernández y Leonardo Sánchez-Heredero acordaron reunirse el 13 de enero de 2025, según mensajes interceptados.
- El ICO y fondos Next Generation estaban previstos como fuentes de financiación.
- La operación implicaba recalificación de suelos sin proceso público ni informe de sostenibilidad urbanística.
- El caso está vinculado al Caso Álvaro García Ortiz, por filtración de datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso.
El impacto económico de la trama va más allá del valor de los terrenos. Pone en entredicho la gestión de 1.200 hectáreas de suelo público bajo control estatal en la Comunidad de Madrid. También afecta la credibilidad de los mecanismos de asignación de fondos europeos. Desde 2021, España ha recibido más de 70.000 millones de euros en ayudas Next Generation, cuya fiscalización depende de la Intervención General de la Administración del Estado y del Tribunal de Cuentas. Cualquier desviación erosiona la confianza en la gobernanza pública y retrasa la ejecución de proyectos de vivienda protegida.
