El núcleo de O Portiño de Suevos, en Arteixo, enfrenta una parálisis administrativa crítica. Solo 5 de sus 100 viviendas cuentan con licencia urbanística. El resto opera en situación irregular. La falta de suministro eléctrico garantizado impide avanzar en la legalización. El Ayuntamiento y Naturgy discrepan sobre quién debe iniciar el expediente técnico. El coste de una solución eléctrica viable alcanza 1,9 millones de euros, y el Consistorio rechaza asumirlo.
¿Por qué el expediente de O Portiño de Suevos está estancado?
El bloqueo radica en una contradicción técnica y procedimental. Naturgy afirma que el Ayuntamiento no ha iniciado formalmente el expediente de acceso y conexión. Sin embargo, el alcalde Carlos Calvelo explica que no puede solicitar potencia para viviendas sin licencia previa.
La potencia catastral actual es el único dato disponible. El Consistorio propone usarlo como base técnica. Naturgy lo rechaza, exigiendo un expediente formal que, según el Gobierno local, no puede abrirse sin licencias previas.
Esta circularidad paraliza la tramitación. El visto bueno ambiental de la Xunta en 2024 no ha derivado en avances reales. La legalización depende ahora de una solución eléctrica viable.
¿Qué papel juega la potencia eléctrica en la regularización urbana?
La capacidad de la red eléctrica es un requisito previo obligatorio para la aprobación definitiva de cualquier plan de regularización. Sin garantía de suministro, no se otorga la licencia de obras ni la calificación de uso residencial.
En O Portiño de Suevos, la red actual no soporta la demanda proyectada. Un nuevo transformador es técnicamente indispensable. Pero su instalación requiere inversión, permisos y coordinación entre administraciones.
El Ayuntamiento no puede forzar la conexión sin certeza técnica. Naturgy no puede evaluar la demanda sin datos oficiales de viviendas legalizadas. El círculo vicioso se cierra en el punto de partida: la licencia urbanística.
¿Quién asume el coste de la infraestructura eléctrica?
El Ayuntamiento de Arteixo ha descartado financiar la obra. El alcalde ha cifrado la instalación del transformador en 1,9 millones de euros. Esa cifra supera el presupuesto disponible para actuaciones de regularización.
La normativa vigente no obliga al Consistorio a asumir inversiones en redes de distribución. Estas competencias recaen en el distribuidor eléctrico, siempre que exista viabilidad técnica y económica.
Naturgy, por su parte, no ha presentado una alternativa viable ni ha asumido el compromiso de ejecutar la obra sin contraprestación. El encuentro de urgencia busca romper este impasse, pero sin cambios en la postura de ninguna parte, el estancamiento persistirá.
¿Qué implica este caso para otros asentamientos irregulares en Arteixo?
O Portiño de Suevos no es un caso aislado. Es uno de cinco núcleos irregulares cuya regularización fue aprobada ambientalmente por la Xunta en 2024. Todos enfrentan desafíos similares: falta de infraestructuras básicas, ausencia de licencias previas y dependencia de redes de servicios gestionadas por terceros.
Si no se resuelve el bloqueo eléctrico en Suevos, el precedente afectará a los demás. El retraso genera incertidumbre jurídica para los vecinos y riesgos de paralización en futuros planes de legalización de viviendas.
Datos Clave
- Solo 5 viviendas de O Portiño de Suevos tienen licencia urbanística.
- 95 viviendas operan en situación irregular y sin suministro eléctrico garantizado.
- Naturgy exige un expediente formal que el Ayuntamiento no puede iniciar sin licencias previas.
- El coste estimado de un nuevo transformador es de 1,9 millones de euros.
- La Xunta otorgó el visto bueno ambiental en 2024, pero no se ha avanzado en la fase técnica.
- El Ayuntamiento rechaza asumir costes de infraestructura eléctrica bajo el marco legal actual.
El caso refleja una grieta estructural entre la normativa urbanística y la gestión de servicios públicos. La legalización de viviendas no depende solo de la voluntad política. Requiere alineación técnica, financiera y regulatoria entre administraciones locales, distribuidores y el Gobierno autónomo. Sin esa coordinación, los asentamientos seguirán en el limbo. El impacto económico es directo: inseguridad jurídica, estancamiento del mercado inmobiliario local y riesgo de litigios por infracciones urbanísticas. El marco legal actual no prevé mecanismos ágiles para resolver estas interdependencias. La solución exigirá una reforma operativa, no solo una reunión técnica.
