La reciente propuesta de ley impulsada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha generado un intenso debate en la sociedad española. Esta iniciativa busca incluir penas de cárcel para aquellos que obtengan beneficios económicos al prestar inmuebles para la prostitución, un tema que ha estado en el centro de la controversia política durante años. La ley, que pretende «abolir» la prostitución, se basa en el concepto de tercería locativa, una figura jurídica que existió en el Código Penal español hasta 1995. La inclusión de esta figura en la nueva legislación podría tener repercusiones significativas, no solo para los involucrados en la prostitución, sino también para la familia del presidente Pedro Sánchez, quien ha estado en el ojo del huracán debido a su conexión con el pasado de su suegro en este ámbito.
La propuesta de ley se enmarca en un contexto donde el PSOE ha intentado, en varias ocasiones, recuperar la tercería locativa. En 2022, durante la tramitación de la ley del «sólo sí es sí», el partido intentó incluir esta figura, pero la presión de sus socios de gobierno llevó a su retirada. Ahora, con la nueva propuesta, el PSOE busca abordar la prostitución desde una perspectiva abolicionista, penalizando a quienes se lucran de esta actividad. Ana Redondo ha declarado que es necesario «penalizar a quien se aprovecha y está convirtiendo la prostitución en un gran negocio». Esto ha llevado a un enfrentamiento político, donde el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado a Sánchez, sugiriendo que su familia ha estado involucrada en este «abominable negocio».
### La Tercería Locativa y su Contexto Histórico
La tercería locativa se refiere a la figura jurídica que penaliza a quienes, sin ser directamente responsables de la prostitución, se benefician de ella. Este concepto estuvo presente en el Código Penal español desde la época franquista hasta su reforma en 1995. La ley actual establece penas de prisión de dos a cuatro años para quienes exploten la prostitución de otra persona, incluso con su consentimiento. Sin embargo, la propuesta de Redondo busca ampliar estas penas y reintroducir la tercería locativa en el artículo 187 del Código Penal.
La implicación de esta figura es clara: quienes alquilan inmuebles para la prostitución, aunque no tengan un vínculo directo con las trabajadoras sexuales, podrían enfrentarse a penas de cárcel. Esto incluye a personas como el suegro de Sánchez y sus hermanos, quienes han estado vinculados a locales donde se ejercía la prostitución. La propuesta de ley ha suscitado un intenso debate sobre la naturaleza de la prostitución en España y la responsabilidad de quienes se benefician de ella.
### La Prostitución en la Era Digital
Otro aspecto crucial de la propuesta de ley es la intención de abordar la prostitución en internet. Con el auge de plataformas digitales, muchas trabajadoras sexuales han migrado a la red, lo que complica la regulación y el control de esta actividad. Un estudio del Ministerio de Igualdad estima que en 2023 podría haber entre 152,735 y 184,234 mujeres en situación de prostitución en España, muchas de las cuales operan a través de anuncios en línea.
El Gobierno ha reconocido que, a pesar de las restricciones impuestas en 2022 sobre los anuncios de prostitución en internet, muchas plataformas siguen operando con normalidad, utilizando eufemismos para eludir la regulación. Expertos en derecho digital han señalado que es fundamental establecer criterios claros para diferenciar entre quienes están en situación de explotación y quienes ejercen la prostitución de manera voluntaria. La complejidad de la situación se ve reflejada en la dificultad de perseguir el proxenetismo en línea, donde las trabajadoras pueden utilizar herramientas como VPNs para ocultar su actividad.
La propuesta de ley de Ana Redondo no solo busca penalizar a quienes se benefician de la prostitución, sino también regular un fenómeno que ha evolucionado con la tecnología. La inclusión de medidas para combatir la prostitución en internet es un paso hacia la modernización de la legislación, pero también plantea desafíos significativos en términos de implementación y control.
El debate sobre la prostitución en España es complejo y multifacético. La propuesta de ley de igualdad, que busca abolir la prostitución y penalizar a quienes se lucran de ella, ha reavivado viejas tensiones políticas y sociales. A medida que el Gobierno avanza en la elaboración de esta legislación, será crucial considerar las diversas perspectivas y realidades que rodean a la prostitución en el país, así como las implicaciones de las nuevas tecnologías en este ámbito.
