La reciente catástrofe provocada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en la Comunidad Valenciana ha puesto de manifiesto la falta de acción del Gobierno en la gestión de infraestructuras críticas. A pesar de que el proyecto para el desvío del barranco del Poyo fue aprobado en 2011, las obras necesarias para mitigar el riesgo de inundaciones han estado paralizadas durante años. Este retraso ha llevado al Grupo Parlamentario Popular a exigir explicaciones al Ejecutivo sobre la gestión de la crisis y la falta de respuesta ante una tragedia que podría haberse evitado.
La DANA del 29 de octubre de 2024 causó estragos en la región, y el PP ha señalado que el Gobierno ha tardado 13 meses en licitar las obras de desvío del barranco, un proyecto que llevaba 14 años en espera. La situación se agrava al considerar que el Gobierno priorizó inversiones en otras áreas, como el Ebro, mientras las obras en la Comunidad Valenciana permanecían bloqueadas. Esta falta de acción ha sido criticada por los populares, quienes argumentan que el Ejecutivo ha ignorado las necesidades de infraestructura en una región que históricamente ha sufrido inundaciones.
### La Historia de un Proyecto Olvidado
El proyecto original para el desvío del barranco del Poyo fue diseñado para prevenir inundaciones en una zona que ha experimentado episodios de gota fría de manera recurrente. A pesar de contar con la declaración de impacto ambiental favorable en 2011, las obras nunca se llevaron a cabo. En 2021, el Gobierno de Sánchez decidió paralizar el proyecto, argumentando que era demasiado caro y supuestamente incompatible con la normativa valenciana.
Sin embargo, los expertos han señalado que la obra estaba aprobada y que su ejecución podría haber evitado la magnitud de la catástrofe. El ingeniero Javier Machí, responsable del diseño del proyecto, ha afirmado que las obras habrían reducido significativamente el impacto de la inundación, salvando vidas y minimizando daños materiales. La falta de acción del Gobierno en este sentido ha sido calificada como una irresponsabilidad política, ya que se ha priorizado la burocracia y la falta de presupuesto sobre la seguridad de los ciudadanos.
La situación se ha vuelto aún más crítica tras la DANA, ya que el Gobierno ha tardado más de un año en licitar la redacción de nuevos proyectos, con una ejecución prevista para 2028. Esta inacción ha llevado a los populares a cuestionar la capacidad del Ejecutivo para gestionar crisis y a exigir responsabilidades por la falta de previsión y acción.
### La Respuesta del Gobierno y las Críticas del PP
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una serie de preguntas al Gobierno, exigiendo explicaciones sobre la falta de respuesta de la ministra de Ciencia, Diana Morant, y la omisión del ministro del Interior en declarar la emergencia nacional tras la catástrofe. Esta falta de acción ha impedido movilizar recursos extraordinarios que podrían haber facilitado la llegada del Ejército y las Fuerzas de Seguridad en los momentos críticos de la crisis.
Los populares han denunciado que el Gobierno ha visto la DANA como un elemento de confrontación política, lo que ha agravado los daños en las primeras horas tras la catástrofe. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha contrastado la responsabilidad asumida por el presidente regional dimitido, Carlos Mazón, con la pasividad del Ejecutivo central. Mazón ha sido el único que ha asumido responsabilidades, pidiendo perdón y remodelando su Gobierno, mientras que el Ejecutivo de Sánchez ha permanecido inactivo.
La falta de acción del Gobierno no solo ha sido criticada por el PP, sino que también ha generado preocupación entre los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, quienes han visto cómo sus necesidades de infraestructura han sido ignoradas durante años. La situación actual pone de relieve la importancia de la planificación y la inversión en infraestructuras para prevenir desastres naturales, especialmente en una región vulnerable a inundaciones.
La historia del barranco del Poyo es un claro ejemplo de cómo la falta de acción y la burocracia pueden tener consecuencias devastadoras. A medida que la Comunidad Valenciana se enfrenta a un futuro incierto, la presión sobre el Gobierno para que actúe de manera efectiva y priorice la seguridad de sus ciudadanos se intensifica. La gestión de la crisis de la DANA es un recordatorio de la importancia de la prevención y la planificación en la gestión de desastres, y de la necesidad de que el Gobierno asuma su responsabilidad en la protección de la población.
