La economía sumergida ha sido un tema recurrente en el debate económico en Galicia y en toda España. A lo largo de los últimos veinte años, este fenómeno ha experimentado cambios significativos, especialmente en su relación con el producto interior bruto (PIB) de la comunidad. Según datos recientes, la proporción de la actividad económica no declarada ha disminuido del 23,1% al 15,7% del PIB gallego entre 2004 y 2022. A pesar de esta reducción, la magnitud de las operaciones opacas sigue siendo considerable, alcanzando aproximadamente 10.900 millones de euros anuales, una cifra que se aproxima al presupuesto aprobado por la Xunta en 2022, que fue de 11.627 millones de euros.
El estudio más reciente sobre este fenómeno ha sido realizado por un grupo de diez economistas de la Universidad de Murcia, a solicitud del Consejo Económico y Social de esa comunidad. Utilizando el modelo MIMIC (Múltiples Indicadores Múltiples Causas), los investigadores han analizado la economía sumergida, excluyendo actividades ilegales como el narcotráfico y la trata de personas. En su lugar, se han enfocado en actividades legales que, por decisión deliberada de quienes las realizan, quedan fuera del control fiscal. Este informe define la economía sumergida como el conjunto de bienes y servicios que, aunque generan valor añadido, se ocultan a efectos fiscales y estadísticos.
Galicia se posiciona como una de las comunidades autónomas con la tasa más baja de economía informal en España, ocupando el décimo lugar en cuanto a la menor proporción de actividad no declarada respecto al PIB. Este dato es relevante, ya que se sitúa por debajo del promedio nacional, que se establece en un 15,8%. En contraste, regiones del sur, como Andalucía y Canarias, lideran la lista con las tasas más altas de economía sumergida, seguidas por Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha. Por otro lado, Madrid, País Vasco y Cataluña son las comunidades con menor economía en la sombra.
### Factores que Influyen en la Economía Sumergida
El análisis de la economía sumergida en Galicia revela que la distribución territorial de este fenómeno no es aleatoria. Los autores del estudio sugieren que la presencia de actividad no declarada está vinculada al nivel de desarrollo económico de cada comunidad. En general, se observa que a mayor riqueza, menor es la propensión al fraude. Además, el tipo de sectores predominantes en la estructura productiva también juega un papel crucial. Por ejemplo, sectores como la agricultura y el turismo tienden a generar más situaciones al margen de la legalidad fiscal.
Otro factor que se asocia comúnmente con el tamaño de la economía sumergida es la presión fiscal. La teoría económica indica que en territorios donde los impuestos son más elevados, aumenta la tentación de ocultar ingresos o empleos. Sin embargo, en el caso de Galicia, esta relación no se manifiesta de manera clara. A pesar de que algunos análisis sugieren que la carga tributaria en Galicia es superior a la media, los datos del estudio no indican que esto resulte en un nivel de fraude significativamente mayor que en otras comunidades.
El informe también aborda el impacto de la economía sumergida en los ingresos públicos. Aunque la estimación se aplica específicamente al caso de Murcia, se pueden extrapolar los cálculos a Galicia utilizando criterios similares. Si se considera una presión fiscal media y se aplica al volumen estimado de actividad económica no declarada, se estima que el Estado podría dejar de ingresar entre 1.120 y 2.400 millones de euros al año en Galicia. Esta cifra representa una merma considerable para las cuentas públicas, y en el extremo superior, se aproxima al presupuesto anual destinado por la Xunta a la educación pública, que se prevé en unos 2.900 millones de euros para 2025.
A pesar de la moderación de la economía sumergida en Galicia desde principios de siglo, su volumen sigue siendo relevante tanto en términos absolutos como en su efecto sobre la recaudación. La lucha contra este fenómeno es un desafío constante para las autoridades, que buscan equilibrar la carga fiscal y fomentar la formalización de la economía, garantizando así una mayor equidad y sostenibilidad en el sistema económico gallego.
