La imputación de María Belén Gualda González, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), marca un punto de inflexión en la supervisión de las empresas públicas españolas. El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha abierto una investigación formal contra 25 personas, incluidos altos cargos públicos y empresarios, por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación administrativa. Todo gira en torno al grupo de WhatsApp Hirukok, un canal informal que habría servido para filtrar información privilegiada y condicionar decisiones estratégicas en empresas del Estado.
¿Qué es el caso Hirukok y por qué afecta a la SEPI?
El nombre Hirukok —‘nosotros tres’ en euskera— alude a una red operativa que vinculaba a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al exdirector de SEPI Vicente Fernández Guerrero, y al empresario Antxon Alonso, socio del exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán. Este grupo habría actuado como eje coordinador en cinco operaciones públicas clave.
Operaciones bajo investigación
- La gestión de Mercasa, sociedad pública del Ministerio de Agricultura.
- Las decisiones estratégicas en Enusa, empresa del sector nuclear.
- El rescate financiero a Tubos Reunidos, empresa con participación estatal.
- La adjudicación de infraestructuras en el Parque Empresarial Principado de Asturias, gestionado por Sepides.
- Varios movimientos societarios vinculados al Grupo Forestalia, operador energético con contratos públicos.
¿Cómo se vulneró la transparencia institucional?
La Fiscalía Anticorrupción señala que los investigados accedieron a información privilegiada por su cargo y la usaron para beneficiar a terceros. No se trata de decisiones aisladas, sino de un patrón coordinado y reiterado, con mecanismos informales que eludieron los controles internos de SEPI y sus filiales.
Fallos en los sistemas de control
- Ausencia de registros formales en los procesos de toma de decisiones.
- Uso sistemático de canales no oficiales (como WhatsApp) para tratar asuntos de relevancia estratégica.
- Confusión entre funciones públicas y intereses privados en operaciones societarias.
¿Qué marco legal regula la actuación de SEPI y sus directivos?
SEPI opera bajo la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, y el Real Decreto 1081/2017, que establece sus funciones como gestora de participaciones estatales. Sus directivos están sujetos al Código Ético de las Entidades Públicas, al Reglamento de Régimen Jurídico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y a la Ley de Transparencia.
Responsabilidades penales y administrativas
- El tráfico de influencias está tipificado en el artículo 429 del Código Penal.
- La malversación se castiga bajo el artículo 432, cuando se desvía dinero público con ánimo de lucro.
- La prevaricación administrativa, en el artículo 404, sanciona decisiones manifiestamente ilegales por interés particular.
¿Cuál es el impacto económico y reputacional para el sector público?
Las cinco operaciones investigadas implican cientos de millones de euros en activos públicos. La confianza en la gestión de empresas como Enusa, Mercasa o Tubos Reunidos se ha visto erosionada. Además, el caso Hirukok pone en evidencia riesgos estructurales: la falta de auditoría externa en decisiones societarias, la ausencia de protocolos de comunicación oficial y la debilidad de los comités de ética internos.
Datos Clave
- 25 personas imputadas, entre ellas la presidenta actual de SEPI.
- 5 operaciones públicas investigadas, con implicaciones en energía, infraestructuras y agroalimentación.
- Uso de WhatsApp como canal principal para coordinar decisiones estratégicas.
- Fiscalía Anticorrupción actuó tras detectar patrones comunes en informes de auditoría interna.
- Las actuaciones se remontan al menos a 2023, con decisiones tomadas sin informes técnicos vinculantes.
El caso Hirukok no es un incidente aislado. Refleja una brecha real entre los marcos legales de gobernanza y su aplicación práctica. Las empresas públicas españolas gestionan activos por valor de más de 40.000 millones de euros. Cada decisión no transparente afecta directamente a la eficiencia del gasto público, a la competencia leal y a la credibilidad del Estado como accionista. La respuesta institucional ya ha comenzado: el Consejo de Administración de SEPI ha activado una comisión de revisión interna. Pero el verdadero test será la reforma de los protocolos de toma de decisiones, la digitalización obligatoria de los acuerdos y la publicación proactiva de los informes de conflicto de intereses.
