El escándalo de Les Naus en Alicante ha escalado a una crisis institucional sin precedentes. Cuatro concejales del PP —incluidos el vicealcalde Manuel Villar, la edil de Patrimonio Nayma Beldjilali, y los responsables de Vivienda y Urbanismo— se negaron a comparecer ante la comisión municipal que investiga irregularidades en la adjudicación del residencial. Lo hicieron con menos de una hora de antelación y sin justificación legal ni técnica.
¿Por qué la ausencia de los concejales afecta la credibilidad institucional?
La negativa a comparecer no es un mero acto administrativo. Es un fallo de transparencia que socava la confianza ciudadana. Villar, como presidente de la comisión, ejerció una doble función: dirigió el órgano y luego lo abandonó. Esa contradicción genera dudas sobre la integridad del proceso investigador.
Beldjilali, por su parte, fue la primera en conocer posibles conflictos de interés en la lista de adjudicatarios. Su silencio durante 12 días —entre su conocimiento y la notificación al alcalde— abre una brecha legal significativa. No hay registro de que haya activado mecanismos de alerta interna ni de gestión de riesgos éticos, obligatorios bajo la Ley 19/2013 de Transparencia.
¿Qué dice la ley sobre la obligatoriedad de comparecer?
Las comisiones municipales de investigación tienen base legal en el Reglamento Orgánico Municipal y en la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local. Su carácter no es meramente consultivo: pueden requerir comparecencias vinculantes. La negativa injustificada puede derivar en responsabilidad disciplinaria o incluso en remisión al Tribunal de Cuentas si se acredita ocultamiento de información pública.
El vacío normativo en la práctica
No existe un régimen sancionador automático para la ausencia de concejales en comisiones. Pero sí hay precedentes jurisprudenciales del Tribunal Supremo que consideran la negativa como falta grave de colaboración institucional, especialmente cuando el compareciente ocupa una posición de dirección o conocimiento privilegiado.
¿Cuál es el impacto económico del caso Les Naus?
El proyecto Les Naus suponía una inversión de más de 42 millones de euros, financiada con fondos públicos y privados. La sospecha de adjudicación sesgada afecta directamente a la eficiencia del gasto público, la competencia leal y la confianza de los inversores en licitaciones municipales.
- El retraso en la investigación paraliza la revisión de contratos vinculados.
- El Ayuntamiento de Alicante podría enfrentar reclamaciones por responsabilidad patrimonial si se demuestra negligencia.
- La Agencia Estatal de Protección de la Competencia ya ha abierto un expediente preliminar por posibles prácticas anticompetitivas.
¿Qué rol juega la ética administrativa en este escándalo?
La ética no es opcional. El Código Ético de los Cargos Públicos de la Comunidad Valenciana, vigente desde 2022, exige declaración de actividades externas, gestión de conflictos de interés y colaboración leal con órganos de control. Ninguno de los cuatro concejales ha presentado dicha declaración pública desde 2025.
Datos Clave
- La concejala de Patrimonio fue la primera en conocer irregularidades, pero no activó protocolos de alerta.
- Transcurrieron 12 días entre su conocimiento y la notificación al alcalde.
- Villar preside la comisión y se negó a comparecer durante la sesión, sin justificación.
- La adjudicación de Les Naus involucra 42 millones de euros y fondos del Plan de Recuperación Next Generation EU.
- No se ha presentado ninguna declaración de conflicto de interés por parte de los implicados desde 2025.
El caso Les Naus ya no es solo un asunto local. Es un termómetro de gobernanza en municipios con alta inversión europea. La falta de respuesta institucional no solo retrasa la justicia administrativa: erosiona el principio de responsabilidad política, base del Estado de Derecho. Sin comparecencias, sin transparencia y sin rendición de cuentas, cualquier investigación pierde su razón de ser.
