El 17 de mayo de 2026, Andalucía celebrará sus 13ª elecciones autonómicas, con el presidente Juanma Moreno en busca de la reelección. Tras cuatro años con mayoría absoluta, el PP enfrenta una campaña donde su margen se estrecha. Las encuestas apuntan a una victoria, pero ya no cómoda: 55 escaños, justo el umbral para gobernar sin acuerdos. El escenario político cambia, y con él, las reglas de la gobernabilidad.
¿Qué ha cambiado desde las elecciones de 2022?
En 2022, el PP obtuvo 58 escaños, una ventaja inédita en la historia reciente de Andalucía. El PSOE, tras 36 años de gobierno, se hundió a 30 diputados. Vox alcanzó 14 parlamentarios, pero su influencia fue nula ante la solidez del bloque popular.
Hoy, el panorama es distinto. El PP pierde tres escaños en las proyecciones, mientras el PSOE retrocede a 29 diputados, su peor marca histórica. Vox sube a 15 escaños, aunque sigue sin ser clave para la investidura. La izquierda sigue fragmentada: Por Andalucía (con Podemos, IU y Sumar) y Adelante Andalucía compiten por el 7% del voto conjunto.
El efecto de la unidad de la izquierda
La integración de Podemos en Por Andalucía no ha logrado revertir la dispersión electoral. Aunque técnicamente fortalece la oferta progresista, los datos muestran que no ha generado un efecto de arrastre significativo. El voto de izquierda sigue dividido y sin capacidad de presión negociadora.
¿Qué dice el promedio de encuestas sobre la gobernabilidad?
El promedio de las encuestas sitúa al PP en el 43,1%, con una ventaja de 20 puntos sobre el PSOE (24%). María Jesús Montero lidera la candidatura socialista, pero su partido no logra recuperar terreno perdido en los últimos años.
Vox se estanca en el 13,4%, tras perder cuatro décimas en una semana. Su crecimiento en escaños (+1) no se traduce en mayor influencia, porque el PP ya no necesita su apoyo para alcanzar la mayoría absoluta.
La importancia del umbral de 55 escaños
El Parlamento andaluz tiene 109 escaños. La mayoría absoluta exige 55 diputados. Moreno estaría justo en ese límite. Cualquier pérdida de apoyo —por abstención, error en la proyección o cambio de última hora— podría forzar pactos o incluso una investidura en segunda vuelta.
¿Cuál es el impacto económico de este escenario político?
Andalucía representa el 17,2% del PIB nacional, con más de 8,7 millones de habitantes. Su estabilidad institucional afecta directamente a la inversión privada, los fondos europeos NextGenerationEU, y la ejecución de planes como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Un gobierno con mayoría ajustada puede retrasar decisiones clave: reformas fiscales, contratación en sanidad y educación, o licitaciones de infraestructuras. El riesgo no es la parálisis, sino la lentitud en la ejecución de políticas con impacto en empleo y cohesión social.
El marco legal de la investidura
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y el Estatuto de Autonomía de Andalucía regulan el proceso. Para ser investido, un candidato necesita la mayoría absoluta en la primera votación. En la segunda, basta con mayoría simple. Si no hay acuerdo, el Rey puede disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones —una opción poco probable, pero jurídicamente viable.
¿Qué datos clave definen esta campaña electoral?
- El PP proyecta 55 escaños, justo el umbral de la mayoría absoluta
- El PSOE cae a 29 diputados, su peor resultado histórico
- Vox obtiene 15 escaños, pero no es decisivo para la gobernabilidad
- Por Andalucía y Adelante Andalucía suman cerca del 7% del voto
- La campaña electoral finaliza el 15 de mayo, dos días antes de los comicios
- El promedio de encuestas muestra estabilidad en los últimos siete días
La campaña se desarrolla en un contexto de inflación persistente, presión sobre los servicios públicos y demanda de reformas en vivienda y empleo juvenil. Estos factores pesan más que las alianzas partidarias. La ciudadanía valora resultados, no solo acuerdos. Y en Andalucía, la gobernabilidad ya no se mide solo en escaños, sino en capacidad de respuesta.
