El PSOE ha presentado una solicitud formal a la Mesa del Congreso para que se suspenda el pleno programado para el 9 de octubre, coincidiendo con la festividad de la Comunidad Valenciana. Esta petición, firmada por el portavoz socialista Patxi López, busca facilitar la participación de los diputados en las celebraciones de dicha festividad. Este movimiento sigue la línea de lo sucedido el pasado 11 de septiembre, cuando por primera vez se interrumpió una sesión plenaria en honor a la Diada de Cataluña.
La decisión de suspender el pleno ha sido interpretada por la oposición como un gesto del presidente Pedro Sánchez hacia el independentismo, lo que ha generado un debate sobre la influencia de las festividades autonómicas en la actividad parlamentaria. Hasta ahora, solo se había cancelado un pleno por motivos de fuerza mayor, como fue el caso de la pandemia. Sin embargo, con este nuevo precedente, el PSOE abre la puerta a que otras festividades autonómicas puedan también provocar la paralización de la actividad en el Congreso.
En el contexto de esta solicitud, es importante destacar que el pasado 17 de septiembre, durante el Día de Melilla, tanto el Congreso como el Senado continuaron con sus plenos, lo que ha llevado a cuestionar la uniformidad en la aplicación de criterios para la suspensión de sesiones. La propuesta del PSOE de modificar el calendario y excluir la jornada del 9 de octubre, que cae en jueves, es significativa, ya que los jueves son días clave en el Congreso, reservados para debates importantes y votaciones de gran calado político.
El año anterior, el 9 de octubre se celebró el pleno con normalidad, incluyendo la comparecencia de Pedro Sánchez. También se llevaron a cabo plenos en otras festividades, como el Día de Andalucía, lo que pone de manifiesto la inconsistencia en la aplicación de estas decisiones. En contraste, durante la crisis provocada por la dana que afectó a la Comunidad Valenciana a finales de octubre del año pasado, la actividad parlamentaria no se detuvo, a pesar de que se canceló una sesión de control.
La reciente suspensión del pleno en la semana de la Diada dejó al Congreso en una situación complicada, con una agenda comprimida que resultó en un pleno maratoniano de más de 13 horas. Esta situación fue criticada por la portavoz del Partido Popular, quien señaló la contradicción de que el Gobierno promoviera la reducción de la jornada laboral mientras se celebraba un pleno tan extenso. La posibilidad de que otras comunidades autónomas sigan el ejemplo de Cataluña y pidan la suspensión de plenos en sus festividades podría tener un impacto significativo en la agenda del Congreso en los próximos años.
En 2026, seis comunidades autónomas celebran sus días coincidiendo con plenos previstos, lo que podría llevar a una reducción considerable de la actividad parlamentaria si se aplica el mismo criterio que se utilizó para la Diada. Hasta el momento, ninguna de estas comunidades ha manifestado interés en solicitar la liberación de la agenda parlamentaria para permitir la asistencia de sus diputados a las celebraciones.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la actividad legislativa en el Congreso y cómo las festividades autonómicas pueden influir en la agenda política. La decisión del PSOE de solicitar la suspensión del pleno del 9 de octubre podría ser vista como un intento de equilibrar la participación de los representantes en eventos culturales y festivos, pero también abre la puerta a un debate más amplio sobre la relación entre la política y las celebraciones regionales en España. La presión sobre el Gobierno para que mantenga un equilibrio entre la actividad parlamentaria y el respeto a las tradiciones locales es un tema que seguirá siendo relevante en el futuro.
