La reciente decisión del Gobierno español de ausentarse de la última sesión de control del año en el Congreso ha generado un intenso debate político. Siete ministros, incluyendo a figuras clave como María Jesús Montero y Fernando Grande Marlaska, no comparecerán ante los diputados, lo que ha sido interpretado como una estrategia para evitar responder sobre varios escándalos que han surgido en las últimas semanas. Entre estos temas se encuentran acusaciones de acoso sexual contra Paco Salazar, un exasesor cercano a Pedro Sánchez, así como la polémica subida del tramo fijo en la factura de la luz y la renuncia a fondos europeos destinados a la recuperación económica.
La ausencia de estos ministros deja al Gobierno sin control parlamentario hasta febrero, lo que ha sido criticado por la oposición como una maniobra para eludir el escrutinio. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se negó a habilitar plenos en enero, a pesar de la propuesta del Partido Popular para recuperar la actividad parlamentaria durante ese mes. Esta decisión ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas del Ejecutivo.
Uno de los temas más candentes es el caso de Paco Salazar, quien ha sido acusado de conducta de acoso sexual por varias trabajadoras. A pesar de que las denuncias originales habían desaparecido del portal antiacoso del PSOE, una reciente revelación periodística ha llevado a que el caso se reabra, generando sospechas de encubrimiento dentro del partido. María Jesús Montero, quien también es candidata socialista en Andalucía, admitió que conocía la denuncia interpuesta contra el líder del PSOE en Torremolinos, aunque aseguró que desconocía su contenido.
Por otro lado, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, no tendrá que responder sobre la subida del 10% que se planea imponer en el tramo fijo de la factura de la luz. Esta medida ha generado tensiones dentro de la coalición gubernamental, ya que muchos ciudadanos se verán afectados por el aumento de costes fijos, mientras el Gobierno sostiene que los fondos para energías renovables ayudarán a abaratar las facturas en el futuro.
Además, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, podrá eludir preguntas sobre sus decisiones recientes que han acelerado ascensos en la cúpula de la Guardia Civil, lo que ha desmantelado la estructura de mando de la Unidad Central Operativa (UCO). Esta unidad es responsable de investigaciones de corrupción que involucran a altos funcionarios del Gobierno, lo que añade una capa de complejidad a la situación actual.
La negativa de Óscar Puente, ministro de Transportes, a cumplir con una ley que obliga a indemnizar a los pasajeros de AVE por retrasos también quedará sin respuesta. Esta desobediencia al Poder Legislativo ha sido objeto de críticas, ya que el Ministerio argumenta que las vías están saturadas y no puede cumplir con la normativa.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también se ausentarán sin que se conozcan los motivos formales de su falta. Robles, en particular, ha sido criticada por evitar el control parlamentario, mientras que Cuerpo no tendrá que dar explicaciones sobre la reciente decisión del Gobierno de renunciar a casi 70.000 millones de euros en fondos Next Generation EU, alegando que España puede financiarse más barato en los mercados.
La ausencia coordinada de estos siete ministros ha sido interpretada por la oposición como una estrategia consciente para evitar el escrutinio sobre lo que han calificado como una «oleada de corrupción» y «escándalos machistas». En lo que va de legislatura, se han registrado más de 150 ausencias de ministros en las sesiones de control, lo que plantea serias dudas sobre la disposición del Gobierno a rendir cuentas ante el Parlamento.
La situación actual se complica aún más con la proximidad de las elecciones autonómicas en Extremadura, programadas para el 21 de diciembre. Esta tradición parlamentaria de no celebrar plenos durante las campañas electorales ha sido utilizada por el Gobierno como justificación para su ausencia, aunque no es una obligación. La oposición ha criticado esta práctica, argumentando que el control parlamentario es esencial, independientemente del calendario electoral.
En medio de este contexto, la política española se enfrenta a un periodo de incertidumbre, donde la falta de transparencia y la evasión de responsabilidades por parte del Gobierno podrían tener repercusiones significativas en la confianza pública y en el futuro político del país.
