Julija Pogacar, de 10 años en 2021, desapareció tras ser llevada ilegalmente por su madre, Melissa Smrekar, fuera de Eslovenia. La Policía Nacional investiga su paradero en Gran Canaria, tras una pista que vincula al caso con redes de sectas antivacunas y prácticas de aislamiento familiar. El padre, Peter Pogacar, denuncia que su hija fue separada de su entorno sin autorización judicial ni contacto posterior.
¿Qué es un secuestro parental según la ley española?
El secuestro parental es un delito tipificado en el Código Penal español (artículo 225 bis). Se comete cuando un progenitor priva a otro de su derecho de custodia, visita o relación con el menor.
La acción debe ser intencional y sin autorización judicial. No requiere violencia física. Basta con la sustracción, ocultación o negativa a restituir al menor.
España aplica el Convenio de La Haya de 1980. Este marco obliga a la restitución inmediata del menor si se demuestra que fue trasladado ilegalmente desde su país de residencia habitual.
¿Por qué Gran Canaria es el foco de la investigación actual?
La Policía Nacional activó la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) en Gran Canaria. Esta unidad tiene competencia especializada en desapariciones de menores y conflictos de custodia internacional.
Agentes del Servicio de Información colaboran por la posible vinculación con grupos de ideología antivacunas extremas. La gurú Lana Praner, señalada por el padre, promueve teorías conspirativas sobre microchips, 5G y control tecnológico.
El caso presenta indicios de aislamiento ideológico: la menor dejó de comunicarse con su padre, hermanos, tíos y compañeros escolares. Esto forma parte de patrones reconocidos en sectas destructivas.
¿Qué papel juega Europol y la justicia eslovena?
La justicia eslovena emitió una orden de búsqueda internacional contra Melissa Smrekar. Europol coordina la investigación transfronteriza bajo el mecanismo de Sistema de Información de Schengen (SIS II).
España, como Estado miembro, debe notificar cualquier hallazgo a las autoridades eslovenas. También puede activar el procedimiento de restitución urgente bajo el Convenio de La Haya.
La cooperación judicial se rige por el Reglamento Bruselas II bis, que establece competencia y reconocimiento automático de resoluciones sobre menores entre Estados de la UE.
¿Cuál es el impacto económico y social del caso?
Los secuestros parentales generan costes públicos elevados: más de 200.000 euros por caso en investigación, seguimiento y apoyo psicosocial, según datos del Ministerio del Interior (2025).
Además, el aislamiento prolongado afecta el desarrollo cognitivo y emocional del menor. Estudios de la UNICEF España señalan que el 78 % de los niños recuperados tras más de 3 años de desaparición requieren intervención psicológica especializada.
El caso Pogacar también evidencia la convergencia entre desinformación sanitaria y violencia familiar estructural, un fenómeno en aumento según el Observatorio de Sectas del Ministerio de Derechos Sociales.
Datos Clave
- Julija desapareció el 1 de noviembre de 2021, a los 10 años, desde la casa de su padre en Eslovenia.
- Su madre, Melissa Smrekar, la sacó del país sin autorización judicial ni acuerdo de custodia.
- La Policía Nacional investiga su posible ubicación en Gran Canaria, tras nuevas pistas aportadas por el padre.
- El caso está vinculado a la influencia de la gurú Lana Praner, líder de un grupo antivacunas con teorías sobre microchips y 5G.
- Se activó la UFAM y el Servicio de Información por riesgo de adoctrinamiento y aislamiento ideológico.
Marco legal aplicable
El caso se rige por tres niveles normativos: el Código Penal español, el Convenio de La Haya de 1980, y el Reglamento Bruselas II bis. Cada uno regula la persecución penal, la restitución del menor y la cooperación judicial entre Estados miembros.
La denuncia presentada en España refuerza la competencia territorial. Permite a las autoridades locales solicitar órdenes de registro, localización telefónica y análisis de flujos migratorios o bancarios vinculados a la madre.
