Jennifer y Gonzalo llevan 11 años en un piso de la avenida de Vilaboa, en Culleredo. Ahora enfrentan un desahucio inminente, sin alternativas viables. Su caso refleja una crisis estructural: escasez de alquileres asequibles, discriminación en el acceso a la vivienda y fallos en la protección legal a familias vulnerables.
¿Qué desencadenó el desahucio de Jennifer y Gonzalo?
El cambio de propietario tras el fallecimiento del anterior arrendador fue el punto de inflexión. La nueva heredera primero propuso subir el alquiler a 450 euros, luego a 650 euros, y finalmente retiró toda negociación. En lugar de renovar el contrato, notificó el desalojo judicial.
La presidenta de la comunidad, Pilar, confirma que la familia no tenía deudas ni incidencias. Su integración social era total. Sin embargo, la ausencia de una ley de protección efectiva para arrendatarios de larga duración dejó a la pareja sin amparo legal real.
Falta de renovación obligatoria tras muerte del arrendador
En Galicia, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no exige la renovación automática si el nuevo propietario es heredero. Esto permite la resolución unilateral del contrato, incluso con ocupación estable y sin incumplimientos. El vacío legal se agrava cuando no hay mecanismos de mediación obligatoria ni plazos mínimos de preaviso para familias con menores.
¿Por qué no encuentran una vivienda alternativa?
Los ingresos de Jennifer —contratos temporales y Ingreso Mínimo Vital (IMV)— suman menos de 1.200 euros mensuales. El mercado local ofrece pisos desde 850 euros al mes, sin contar fianzas ni comisiones. Eso representa más del 70 % de sus ingresos totales.
Además, la pareja sufre discriminación por origen y apellidos, un fenómeno documentado por el Observatorio de Vivienda de Galicia. Las inmobiliarias exigen documentación extensa antes de conceder visitas, creando barreras invisibles para familias migrantes y de bajos ingresos.
El rol de la mediación comunitaria
Pilar acompaña a la familia en visitas. Su testimonio refuerza la credibilidad de los inquilinos, pero no tiene peso legal ni influencia en los procesos de selección privados. Esto evidencia la falta de protocolos anti-discriminatorios obligatorios en el sector inmobiliario gallego.
¿Qué marco legal protege —o no— a familias como esta?
La Ley 1/2013 de medidas de protección a los deudores hipotecarios no aplica a alquileres. Tampoco la Ley 4/2013 de medidas urgentes para la vivienda en Galicia, que carece de sanciones efectivas contra la especulación en alquileres ni fondos públicos operativos para realojo.
En 2025, el Gobierno de Galicia aprobó el Plan Estratégico de Vivienda 2025–2030, pero su ejecución es lenta: solo el 12 % de las 1.800 viviendas previstas están en fase de adjudicación. Mientras tanto, el Índice de Precios de Alquiler (IPA) en Culleredo subió un 22,4 % en 2025 frente al 14,1 % nacional.
Impacto económico real en el área metropolitana
Culleredo forma parte de la área metropolitana de A Coruña, donde el 38 % de los hogares con menores vive en riesgo de pobreza material. El desahucio de familias como la de Jennifer no solo destruye estabilidad residencial: genera costes sociales en salud mental, absentismo escolar y gasto en servicios sociales. Un informe del Instituto Galego de Estatística (IGE) estima que cada caso no prevenido cuesta 14.200 € anuales al sistema público.
¿Qué datos clave resumen su situación?
- La pareja lleva 11 años de residencia estable sin deudas ni reclamaciones comunitarias.
- El alquiler propuesto (650 €) supera en un 54 % el umbral de esfuerzo aceptable (30 % de ingresos).
- El Ingreso Mínimo Vital (IMV) no es considerado garantía suficiente por inmobiliarias privadas.
- El 67 % de los alquileres en Culleredo exigen aval bancario o fiador, inaccesible para familias vulnerables.
- Desde 2023, los desahucios por fin de contrato en Galicia aumentaron un 31 %, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
¿Qué soluciones prácticas existen hoy?
El Servicio Galego de Saúde (SERGAS) ofrece apoyo psicológico gratuito a familias en proceso de desahucio. El Instituto Galego de la Vivienda (IGV) dispone de un fondo de garantía de alquiler con 2,3 millones de euros, pero solo cubre el 18 % de las solicitudes por falta de personal técnico y plazos de resolución superiores a 75 días.
La alternativa más inmediata es el realojo en viviendas municipales, pero Culleredo tiene solo 42 unidades disponibles para más de 1.200 solicitudes activas. La pareja ya explora municipios como Arteixo y Oleiros, donde los precios son ligeramente menores pero la oferta sigue insuficiente.
El caso de Jennifer y Gonzalo no es aislado. Es un síntoma de un sistema que prioriza la propiedad sobre el derecho a la vivienda. Sin reformas legales urgentes, más familias quedarán atrapadas entre la ley, el mercado y la exclusión.
