Desde su implementación, las pulseras antimaltratadores han sido objeto de críticas y quejas por su mal funcionamiento. Estos dispositivos, que utilizan tecnología GPS para monitorear a agresores y evitar que se acerquen a sus víctimas, han presentado una serie de problemas que han puesto en entredicho su eficacia y la seguridad de las mujeres que dependen de ellos. A pesar de los cambios en la gestión y en el proveedor de estos dispositivos, las incidencias han persistido, lo que ha llevado a un aumento en los archivos judiciales y a la preocupación de las autoridades y de las víctimas.
Uno de los principales problemas radica en el cambio de proveedor que ocurrió en 2023, cuando el servicio fue transferido de Telefónica a una unión temporal de empresas (UTE) entre Securitas y Vodafone. Este cambio, que se esperaba que mejorara el servicio, ha sido calificado como «deficiente» por técnicos de la Secretaría de Estado de Igualdad. Un informe de 2023 otorgó una nota de 3,6 sobre 10 al plan de transición, lo que refleja la falta de preparación y la ineficacia en la implementación del nuevo sistema. La nueva gestión no solo ha traído consigo problemas técnicos, sino que también ha generado un aumento en los sobreseimientos de casos judiciales relacionados con el incumplimiento de órdenes de alejamiento.
La Memoria anual de la Fiscalía de 2024, publicada recientemente, ha puesto de manifiesto que el cambio de proveedor ha tenido un impacto negativo en los procedimientos judiciales. Según el informe, muchos casos se han visto afectados por errores en el sistema de control, lo que ha llevado a que se archiven procedimientos por quebrantamiento de condena. A pesar de que el Ministerio Público ha intentado minimizar el impacto de estos problemas, la realidad es que las quejas han sido numerosas y han llegado desde diferentes organismos, incluyendo el Defensor del Pueblo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los testimonios de mujeres que han utilizado las pulseras también son preocupantes. Muchas han reportado que los dispositivos no funcionan correctamente en áreas rurales, donde la cobertura móvil es escasa. Esto ha llevado a situaciones en las que las víctimas se sienten desprotegidas y vulnerables, ya que el sistema no emite alertas cuando debería hacerlo o, en ocasiones, lo hace sin motivo. La falta de fiabilidad de estos dispositivos ha generado un clima de desconfianza entre las víctimas y las autoridades encargadas de su protección.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido el sistema, asegurando que las mujeres que utilizan las pulseras han estado protegidas. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada por diversos sectores, que argumentan que la realidad es muy diferente. La falta de datos concretos sobre el número de casos afectados por los problemas técnicos y la insistencia en que menos del 1% de los casos se han visto perjudicados no han logrado calmar las preocupaciones de las víctimas y de los profesionales del ámbito judicial.
Además, el hecho de que algunos críticos hayan llegado a afirmar que los dispositivos fueron adquiridos en plataformas de bajo costo, como AliExpress, ha añadido más leña al fuego. Aunque el Ministerio de Igualdad ha desmentido estas afirmaciones, la percepción de que el sistema es de baja calidad persiste. La falta de confianza en la tecnología utilizada para proteger a las mujeres es un tema que debe ser abordado con urgencia, ya que la seguridad de las víctimas de violencia de género está en juego.
Por otro lado, el cambio en la legislación, como la Ley del solo sí es sí, que amplió el uso de las pulseras a ciertos agresores sexuales, ha generado un debate sobre la efectividad de estas medidas. Si bien la intención detrás de la ley es proteger a las víctimas, la implementación ha sido problemática. La combinación de un sistema de control defectuoso y una legislación ambiciosa pero mal ejecutada ha llevado a un escenario en el que las víctimas se sienten más inseguras que nunca.
Las quejas sobre el funcionamiento de las pulseras antimaltratadores no son un fenómeno nuevo. Desde 2018, se han presentado numerosas quejas ante el Defensor del Pueblo, lo que indica que los problemas han sido persistentes a lo largo de los años. A pesar de los cambios en el gobierno y en la gestión del sistema, las soluciones parecen eludir a las autoridades. La falta de acción efectiva para resolver estos problemas ha llevado a un aumento en la frustración tanto entre las víctimas como entre los profesionales que trabajan en el ámbito de la justicia y la protección de la mujer.
La situación actual exige una revisión exhaustiva del sistema de pulseras antimaltratadores. Es fundamental que se tomen medidas concretas para garantizar que estos dispositivos funcionen correctamente y que las mujeres que dependen de ellos se sientan seguras. La implementación de un sistema de control eficaz no solo es una cuestión de justicia, sino también de responsabilidad social. Las autoridades deben actuar con rapidez para abordar estos problemas y restaurar la confianza en un sistema que debería ser una herramienta de protección, no una fuente de vulnerabilidad.
