La reciente modificación en la gestión de menores extranjeros no acompañados (menas) en España ha generado una gran preocupación entre las autoridades y organizaciones sociales. Desde el 7 de julio, con la publicación del nuevo Manual de Atención Humanitaria, se ha establecido que cualquier joven que cumpla 18 años y haya estado bajo tutela durante más de seis meses quedará automáticamente fuera del sistema de acogida. Esta decisión ha llevado a que muchos de estos jóvenes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad extrema, sin acceso a recursos básicos como alimentación y vivienda.
La situación es especialmente crítica en las Islas Canarias, donde el Gobierno local ha denunciado que, en solo 22 días desde la implementación de la nueva normativa, 39 jóvenes han quedado en la calle. Este cambio en la política de atención a los menas ha sido calificado como un «vacío legal» que podría afectar a miles de jóvenes cada año, incrementando así la emergencia social en la región.
### Impacto de la Nueva Normativa en los Menores
El nuevo manual establece que los menores extranjeros no acompañados no podrán ingresar ni permanecer en recursos de acogida humanitaria una vez que sean considerados mayores de edad. Esto significa que, si un joven es declarado mayor de edad tras una prueba ósea o por decisión de la Fiscalía, no solo pierde su acceso a los centros de menores, sino que tampoco es acogido en centros de adultos, dejándolo en un limbo legal y asistencial.
Fuentes del Gobierno de Canarias han expresado su preocupación por el impacto inmediato de esta normativa. Los jóvenes que se encuentran en esta situación no solo carecen de un hogar, sino que también están expuestos a la marginalidad y a la exclusión social. La directora general de Protección a la Infancia de Canarias, Sandra Rodríguez, ha señalado que la nueva normativa está generando problemas que no se pueden permitir, ya que incrementa la exclusión social de estos jóvenes.
El perfil de los jóvenes afectados es diverso, pero se repite un patrón preocupante: muchos de ellos provienen de contextos vulnerables y han llegado a España buscando una vida mejor. Sin embargo, al cumplir 18 años, se ven despojados de cualquier tipo de apoyo institucional, lo que agrava su situación. En 2023, se registraron 1.372 casos similares, y en 2024, otros 698. En lo que va de 2025, ya se han contabilizado 75 casos, de los cuales 39 han terminado en la calle.
### Reacciones y Medidas Propuestas
La consejera de Bienestar Social de Canarias, Candelaria Delgado, ha contactado con la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, para buscar una solución urgente a esta crisis. Aunque Cancela ha defendido los esfuerzos de su departamento, la inquietud crece en Canarias, donde se teme que la entrada en vigor de las nuevas directrices pueda dar lugar a una «emergencia social silenciosa».
Las organizaciones sociales han alzado la voz en defensa de estos jóvenes, pidiendo una revisión de la normativa que les permita acceder a recursos básicos y evitar que queden en la calle. La situación es aún más alarmante si se considera que, si la normativa se aplica a mujeres, la vulnerabilidad se incrementaría aún más, dado que las mujeres enfrentan riesgos adicionales en situaciones de calle.
El nuevo manual ha sido criticado por su falta de consideración hacia las circunstancias individuales de cada menor. La secretaria de Estado ha afirmado que están trabajando para abordar las necesidades de cada joven, pero las críticas continúan, ya que muchos consideran que la normativa es demasiado rígida y no tiene en cuenta la realidad de los menores que llegan a España en busca de protección.
La situación de los menas en España es un reflejo de un problema más amplio relacionado con la migración y la atención a los jóvenes vulnerables. La falta de recursos y la presión sobre los sistemas de acogida han llevado a que muchos de estos jóvenes se queden fuera del circuito de atención, lo que podría tener consecuencias devastadoras para su futuro. La comunidad y las autoridades deben trabajar juntas para encontrar soluciones que garanticen la protección y el bienestar de estos jóvenes, evitando que se conviertan en víctimas de un sistema que no les ofrece el apoyo que necesitan.
