La Audiencia Nacional ha anulado la absolución de la actriz Ana Duato y su marido Miguel Ángel Bernardeu en el caso Nummaria, reabriendo un juicio por fraude fiscal entre 2010 y 2012. La decisión afecta directamente a la seguridad jurídica de los contribuyentes que usan estructuras societarias para gestionar ingresos artísticos. El fallo también impacta al sector audiovisual, donde los esquemas fiscales personalizados son habituales. La sentencia de apelación exige mayor rigor probatorio y motivación judicial en delitos fiscales. Esto refuerza la exigencia de transparencia en asesoramiento tributario. El caso marca un punto de inflexión para la responsabilidad penal de clientes y asesores.
¿Por qué la Audiencia Nacional anuló la absolución de Ana Duato?
La Sala de Apelación consideró que la sentencia de julio de 2025 no justificó con lógica racional la exención de responsabilidad penal. El tribunal destacó que los ingresos de Duato, canalizados mediante una sociedad instrumental, generaron cuotas del IRPF notablemente inferiores a las correspondientes a una renta vitalicia. Esa diferencia no fue explicada adecuadamente en la sentencia original.
Falta de motivación judicial
El fallo señala una deficiencia estructural: la ausencia de análisis sobre la naturaleza económica real de los pagos. No basta con la forma jurídica de la operación. La Sala exige contrastar si la estructura societaria tenía finalidad económica real o servía únicamente para reducir la carga tributaria.
¿Qué consecuencias tiene para el asesor fiscal Fernando Peña?
La pena de Fernando Peña, fundador del despacho Nummaria, se redujo de 80 a 78 años de cárcel. La Sala declaró prescrito uno de los delitos fiscales. En otros, ajustó las cuotas defraudadas. Peña seguirá juzgado, pero solo por su asesoramiento al matrimonio Duato-Bernardeu.
Responsabilidad compartida en asesoramiento
El fallo refuerza la doctrina de que el asesor fiscal no es mero ejecutor. Su rol implica evaluar la viabilidad legal y económica de los esquemas propuestos. La mera invocación de la autonomía de la voluntad del cliente no exime de responsabilidad penal.
¿Cómo afecta este caso al sector cultural y audiovisual?
El caso Nummaria pone en evidencia la vulnerabilidad fiscal de los profesionales del entretenimiento. Muchos artistas usan sociedades de servicios para facturar sus honorarios. Ahora, la Administración Tributaria y los tribunales exigen que esas estructuras tengan actividad real, riesgo empresarial y capacidad de generación de valor.
Cambio en la práctica contable
Los despachos fiscales deben revisar sus modelos de planificación para actores, directores y productores. Ya no basta con la formalidad societaria. Se exige documentación de contratos reales, facturación a terceros y estructura operativa.
¿Qué dice la ley sobre la prescripción y la responsabilidad penal fiscal?
El plazo de prescripción para delitos fiscales es de cinco años desde la fecha de presentación de la declaración. La Sala aplicó ese criterio al reducir la pena de Peña. Sin embargo, el fraude continuado o reiterado puede interrumpir la prescripción. La Ley General Tributaria y el Código Penal establecen que la intención defraudatoria se acredita por la discrepancia entre la forma jurídica y la sustancia económica.
Marco legal vigente
La Sentencia 112/2023 del Tribunal Supremo ya sentó las bases: no es ilícito planificar, pero sí lo es disfrazar ingresos personales como rendimientos empresariales sin soporte real. La Audiencia Nacional sigue esa línea con mayor exigencia probatoria.
Datos Clave
- La Sala de Apelación anuló la absolución por falta de motivación lógica y racional.
- Duato y Bernardeu serán juzgados de nuevo por fraude fiscal en 2010–2012.
- Fernando Peña conserva una pena de 78 años de cárcel, aunque se excluyó un delito por prescripción.
- Imanol Arias cumplió una pena de 2 años y 2 meses tras reintegrar 2,2 millones de euros.
- La Fiscalía había pedido 22 años para Duato, y 13 años como alternativa si se admitía un informe de Hacienda.
- El caso refuerza la doctrina de la sustancia sobre la forma en materia fiscal.
El caso Nummaria no es un hecho aislado. Refleja una tendencia creciente de la justicia española: exigir transparencia en la planificación tributaria de altos ingresos. El impacto económico es directo: los profesionales del entretenimiento deben reevaluar sus estructuras fiscales. El riesgo legal ya no recae solo en los asesores. Ahora, los clientes asumen responsabilidad penal si no demuestran la realidad económica de sus operaciones. La normativa no cambió, pero su interpretación sí. Y eso redefine la práctica diaria de miles de profesionales.
