José Manuel Villarejo ha sido condenado a tres años y medio de prisión por acceder y divulgar ilegalmente el contenido de una tarjeta SIM robada a Dina Bousselham en 2015. La Audiencia Nacional lo halló culpable de revelación de secretos de particulares cometido por un funcionario público. La sentencia también impone una indemnización de 5.000 euros a Bousselham y 1.000 euros a Pablo Iglesias, con responsabilidad civil subsidiaria de la Administración General del Estado.
¿Qué hizo Villarejo con la tarjeta SIM robada?
En noviembre de 2015, Dina Bousselham perdió su móvil mientras compraba en un Ikea. El dispositivo contenía una tarjeta SIM con datos personales y comunicaciones privadas. Villarejo, entonces comisario activo, obtuvo ese soporte y accedió a su contenido. Luego facilitó información extraída a dos medios de comunicación.
El tribunal consideró probado que no hubo autorización ni justificación legal para ese acceso. La acción violó el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, protegidos por el artículo 18 de la Constitución Española.
¿Por qué se redujo la pena de cinco a tres años y medio?
La Fiscalía había pedido cinco años de prisión. El tribunal aplicó la atenuante de dilaciones indebidas, al constatar que transcurrieron más de ocho años entre la formación de la pieza separada (2017) y el juicio (2026). Este retraso afectó el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución.
La condena refleja también la gravedad del cargo: un funcionario público usó su experiencia y redes para vulnerar derechos fundamentales. No se trató de un acceso ocasional, sino de una operación coordinada con periodistas.
¿Qué implica la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración?
La sentencia establece que el Estado responde subsidiariamente por los daños causados. Esto significa que, si Villarejo no paga la indemnización, la Administración General del Estado deberá hacerlo. La doctrina jurisprudencial exige que el Estado responda cuando el daño proviene del ejercicio de funciones públicas, como en este caso.
Esta figura refuerza la exigencia de control interno en cuerpos policiales y la necesidad de protocolos claros sobre el manejo de dispositivos electrónicos intervenidos.
¿Cuál es el impacto económico y mediático del caso?
El caso Dina Bousselham ha generado un coste económico directo: 6.000 euros en indemnizaciones, más costas procesales y gastos de defensa. Pero su impacto va más allá. Ha erosionado la confianza en la integridad de altos cargos policiales y ha reavivado el debate sobre la privacidad digital en España.
Desde 2020, las denuncias por delitos informáticos han aumentado un 37% según el Consejo General del Poder Judicial. Este caso ha servido como precedente para reforzar la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en investigaciones policiales.
Datos Clave
- Villarejo fue condenado por revelación de secretos de particulares
- La tarjeta SIM fue robada en noviembre de 2015 en un Ikea de Madrid
- La información filtrada se publicó en medios entre 2016 y 2017
- La Audiencia Nacional aplicó la atenuante de dilaciones indebidas
- La Administración responde subsidiariamente por los daños
- El caso forma parte del entramado del caso Dina / Gustavo Valiente
Contexto legal actual
La sentencia se alinea con la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el uso de dispositivos electrónicos en investigaciones. Desde 2023, los jueces exigen autorización judicial previa para acceder a SIM, nubes o metadatos, incluso en casos de interés público. El Código Penal fue modificado en 2022 para endurecer las penas por delitos contra la intimidad cometidos por funcionarios.
Impacto en la práctica policial
Las unidades de ciberdelincuencia ahora deben registrar cada acceso a dispositivos intervenidos. Se exige un acta notarial y notificación inmediata al juez instructor. La falta de estos pasos invalida la prueba, como ocurrió parcialmente en este juicio.
El caso ha impulsado la creación de un protocolo nacional de intervención digital bajo supervisión del Ministerio del Interior. Su implementación es obligatoria desde abril de 2026.
