Mónica Fernández-Aceytuno, escritora y divulgadora ambiental nacida en el Sáhara español, ha sido galardonada como ‘Bióloga do ano 2026’ por el Colexio Oficial de Biólogos de Galicia. El premio no es solo un reconocimiento personal: es una llamada urgente a integrar la biología aplicada en la gobernanza regional. Su discurso pone en el centro la necesidad de que los profesionales con formación en ciencias de la vida participen directamente en políticas sobre rías, incendios forestales, biomasa, energía renovable y conservación del territorio.
¿Qué implica el reconocimiento ‘Bióloga do ano 2026’ para la gobernanza ambiental?
El galardón refleja un cambio de paradigma. Ya no se trata de una figura aislada en laboratorios o aulas. Se trata de un profesional con experiencia en gestión local —es concejala independiente en Oza Cesuras— y con capacidad de incidencia en procesos reales de planificación territorial. Fernández-Aceytuno subraya que los biólogos gallegos operan en todos los sectores productivos clave: acuicultura, silvicultura, restauración ecológica y transición energética.
La biología como eje de la planificación estratégica
La divulgadora insiste en que la Administración debe incorporar biólogos en plantilla, especialmente a los más experimentados. No como asesores ocasionales, sino como decisores estructurales. Su experiencia en el Monte do Gato demuestra que la ausencia de criterio biológico en etapas tempranas de proyectos —como el parque eólico propuesto— genera conflictos evitables. El monte ya estaba protegido desde 1950, pero esa información no se integró en la evaluación previa.
¿Cómo afecta la exclusión de biólogos a la economía gallega?
La falta de participación técnica en la toma de decisiones tiene costes reales. Galicia perdió oportunidades de valorización sostenible de sus rías, de gestión preventiva de incendios y de diseño de infraestructuras renovables con menor impacto. Según Fernández-Aceytuno, el desarrollo industrial impulsado por la biología es más productivo, más eficiente y más resiliente. Eso se traduce en empleo cualificado, reducción de litigios ambientales y mayor atractivo para fondos europeos de transición verde.
El valor económico de la biodiversidad
La biodiversidad ya no es un obstáculo. Es un activo estratégico. Las rías gallegas generan más de 1.200 millones de euros anuales en acuicultura. Los bosques gestionados con criterios biológicos aumentan su capacidad de secuestro de carbono y su resistencia a plagas. Cada hectárea de hábitat protegido bien gestionado evita costes de restauración que superan los 15.000 €/año.
¿Qué marco legal respalda la participación de biólogos en la administración?
La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad exige la participación de expertos en evaluaciones ambientales. La Directiva 2011/92/UE sobre evaluación de impacto ambiental obliga a integrar conocimiento especializado en todas las fases de proyectos públicos. Además, el Plan Estratéxico de Biodiversidade de Galicia 2030 establece como objetivo prioritario la capacitación técnica de la Administración en materia biológica. Sin embargo, su implementación sigue siendo fragmentada y dependiente de voluntad política puntual.
La brecha entre normativa y práctica
Aunque la ley exige participación técnica, no obliga a la incorporación estable de biólogos en equipos de planificación. Esto genera dependencia de consultorías externas, retrasos en procesos y decisiones desalineadas con la realidad ecológica local. El caso del Monte do Gato es ejemplar: la protección legal existía, pero no se activó en tiempo real por falta de un técnico de referencia en la estructura municipal.
¿Qué cambios concretos propone Fernández-Aceytuno?
La bióloga propone tres líneas de acción inmediatas: la creación de unidades técnicas de biodiversidad en cada diputación provincial, la inclusión obligatoria de biólogos en comités de evaluación de proyectos de interés general y la actualización de los planes de estudio universitarios para reforzar la formación en gobernanza ambiental y economía circular.
Datos Clave
- El Colexio Oficial de Biólogos de Galicia otorga el premio ‘Bióloga do ano’ desde 2018.
- Galicia cuenta con más de 3.200 colegiados, pero menos del 5 % trabaja en la Administración pública.
- El 72 % de los proyectos de energía renovable en zonas rurales generan conflictos sociales por falta de evaluación biológica previa.
- La Ley 42/2007 establece que los informes técnicos sobre biodiversidad deben ser firmados por biólogos colegiados.
- El Monte do Gato está inscrito en el Catálogo de Espacios Naturales desde 1950, pero su protección no fue considerada en la fase inicial del proyecto eólico.
El reconocimiento a Fernández-Aceytuno no celebra solo una trayectoria. Es un diagnóstico. Y un plan de acción. La biología no es una especialidad marginal: es la base para una economía regenerativa, una administración eficaz y un territorio vivo.
