Un pesquero de madera varado en pleno bosque de A Zapateira, en A Coruña, ha generado debate sobre la gestión de residuos, el uso del suelo y el cumplimiento normativo. La embarcación, sin licencia ni autorización, lleva más de una década integrada en el paisaje natural. Su presencia evidencia fallos en la vigilancia ambiental y en la coordinación entre concellos.
¿Es legal tener un barco en medio del monte?
La normativa española es clara: estructuras permanentes en suelo rústico requieren licencia urbanística y autorización ambiental. El barco forma parte del escenario de APZ Paintball, empresa con finca repartida entre Culleredo, Arteixo y A Coruña. Pero su ubicación en zona forestal carece de declaración de impacto ambiental ni proyecto técnico aprobado.
El Concello de Arteixo reconoce que este tipo de instalaciones «no se pueden tener» sin permiso. Sin embargo, no se ha iniciado expediente sancionador. La inacción refleja una brecha entre regulación y fiscalización.
¿Qué dice el Plan General de Ordenación Urbana?
El PGOU de Arteixo clasifica la zona como suelo no urbanizable protegido. Allí, solo se permiten usos compatibles con la conservación del medio natural. Un barco de madera, aunque desmantelado, constituye una alteración física del terreno y un riesgo de degradación paisajística.
¿Quién es responsable de su retirada?
La competencia es compartida. El Concello de A Coruña gestiona el suelo en su jurisdicción. Arteixo, donde está registrada la finca, debe exigir el cumplimiento normativo. Culleredo también interviene por su parte territorial. La falta de coordinación interconcello permite la persistencia de la anomalía.
¿Qué implica económicamente dejar estructuras ilegales en el monte?
El costo real va más allá de lo visible. Cada año, los concellos destinan presupuestos municipales a limpieza de residuos en zonas naturales. En 2025, A Coruña invirtió 420.000 € en campañas de retirada de ‘basuraleza’. El barco de A Zapateira representa un riesgo latente: su descomposición libera compuestos orgánicos que alteran el pH del suelo. Además, su presencia atrae visitantes no autorizados, incrementando la presión sobre la vegetación autóctona.
El sector del ocio al aire libre también se ve afectado. Empresas legales de paintball deben competir con instalaciones que evaden costes de legalización y seguridad. Esto distorsiona el mercado y desincentiva la inversión responsable.
¿Qué otros vehículos abandonados hay en los montes coruñeses?
El barco no es un caso aislado. En 2022, voluntarios retiraron un Seat 600 de 1979 de A Espenuca (Coirós). En Oleiros apareció un Audi A3 abandonado, sin matrícula ni propietario identificado. Estos hallazgos revelan un patrón: la falta de control en accesos forestales y la ausencia de sanciones disuasorias.
¿Qué dice la Ley de Costas y la Ley de Montes?
Aunque el barco no está en la costa, su origen pesquero lo vincula indirectamente a la Ley 22/1988, de Costas. Más relevante es la Ley 43/2003, de Montes, que prohíbe la instalación de elementos ajenos a la función ecológica del bosque. El artículo 47 sanciona con multas de hasta 300.000 € las alteraciones graves del medio natural.
Datos Clave
- El barco es un pesquero de madera usado en faenas costeras cortas, sin capacidad operativa actual.
- Está ubicado en zona de suelo no urbanizable protegido, sin licencia ni informe ambiental.
- Forma parte del escenario de APZ Paintball desde 2015, pero no cuenta con autorización municipal.
- Presenta grietas, grafitis y desprendimiento de tablones, con riesgo de colapso estructural.
- La cabina de mando está volcada y los interiores están invadidos por vegetación.
- Conserva restos de pintura azul, único indicio visible de su uso original en aguas coruñesas.
¿Qué se puede hacer ahora?
La retirada del barco es técnicamente viable, pero requiere coordinación interconcello y financiación compartida. Una opción es activar el Fondo de Acción Ambiental Municipal, que financia intervenciones en zonas de alto valor ecológico. Otra vía es exigir a APZ Paintball la presentación de un plan de restauración ambiental, como condición para la renovación de su licencia de actividad.
La solución no es solo técnica. Es un test de gobernanza ambiental. Cada estructura ilegal que permanece en el monte debilita la confianza ciudadana en la aplicación de la ley. Y cada año que pasa, el costo de la recuperación aumenta.
