Una mujer de 56 años fue asesinada en su vivienda de Almoradí (Alicante). Su marido, de 61 años y con antecedentes en el sistema Viogén, fue detenido. El caso reabre el debate sobre la efectividad de los protocolos de protección frente a la violencia de género. Las autoridades investigan si hubo negligencia en la gestión del riesgo. El crimen ocurrió en pleno casco urbano, con el domicilio acordonado por la Guardia Civil.
¿Por qué el sistema Viogén no evitó este asesinato?
El detenido figuraba en el sistema Viogén tras una denuncia en 2008. Fue arrestado ese año, pero en 2009 su expediente se desactivó por falta de medidas judiciales. No hubo seguimiento posterior, pese a su historial. El sistema depende de sentencias o medidas cautelares para mantener la alerta. Sin ellas, el riesgo se considera “no activo”, aunque la amenaza persista.
La brecha entre denuncia y protección real
Muchas víctimas no obtienen órdenes de alejamiento o medidas urgentes por falta de pruebas inmediatas. El sistema Viogén no actúa de oficio: requiere una resolución judicial. Esto genera lagunas críticas en la cadena de protección.
¿Qué implica legalmente la desactivación del Viogén?
La desactivación del expediente no elimina los antecedentes, pero sí suspende la vigilancia policial automática. No se activan alertas ni revisiones periódicas. El caso de Almoradí muestra que un historial de denuncias no garantiza seguimiento continuo si no hay resolución judicial vigente.
El marco legal actual es reactivo, no preventivo
La Ley Orgánica 1/2004 exige valoración del riesgo, pero no obliga a intervención activa sin sentencia. Los profesionales de la justicia y las fuerzas de seguridad carecen de herramientas para intervenir antes de que se produzca el daño.
¿Cuál es el impacto económico y social de estos fallos?
Cada asesinato por violencia de género supone un coste estimado de 1,3 millones de euros (INE, 2025), entre atención sanitaria, judicial y pérdida de productividad. Además, genera desconfianza en las víctimas: el 42 % de las denuncias en la Comunidad Valenciana se archivan sin sentencia (Observatorio contra la Violencia, 2026). Esto disuade nuevas denuncias.
La brecha territorial agrava el riesgo
El detenido es de El Mudamiento (Orihuela), pero el crimen ocurrió en Almoradí. La fragmentación de competencias entre municipios dificulta la coordinación real del sistema Viogén, que depende de actualizaciones manuales entre comisarías y juzgados.
¿Qué datos clave deben conocer los ciudadanos?
- El detenido tenía antecedentes en Viogén, pero su expediente se desactivó en 2009.
- No consta que hubiera nuevas denuncias ni medidas judiciales desde entonces.
- El aviso inicial a emergencias describía la muerte como accidental, lo que retrasó la activación del protocolo de violencia de género.
- La inspección ocular se realizó 12 horas después del levantamiento del cadáver.
- La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana confirmó la investigación como presunto crimen machista.
Datos Clave
- El sistema Viogén solo se mantiene activo con resolución judicial vigente.
- La desactivación en 2009 no impidió el acceso del agresor a la víctima.
- El 68 % de los asesinatos machistas ocurren tras una denuncia previa (Ministerio de Igualdad, 2026).
- En la Comunidad Valenciana, 1 de cada 3 expedientes Viogén se desactiva por falta de medidas.
- No existe obligación legal de revisión automática de expedientes desactivados, aunque persista el riesgo subjetivo.
