El Concello de A Coruña y la Xunta de Galicia avanzan hacia una área de prestación conjunta para taxis en el área metropolitana. Esta medida responde a críticas sobre la cobertura insuficiente en el aeropuerto de Alvedro y busca reforzar la competitividad frente a los VTC. La propuesta ya cuenta con apoyo institucional, aunque aún no se define su alcance territorial ni su marco regulatorio operativo.
¿Qué es una área de prestación conjunta para taxis?
Una área de prestación conjunta permite que los taxis autorizados en distintos municipios operen sin restricciones geográficas dentro de un territorio acordado. En este caso, abarcaría A Coruña y su entorno metropolitano, incluyendo Culleredo —donde está ubicado el aeropuerto de Alvedro—.
Esta figura no es nueva en Galicia, pero su aplicación metropolitana sí representa un cambio estructural. Hasta ahora, los taxis de A Coruña tenían limitada su operativa en municipios vecinos, y viceversa. La nueva propuesta elimina esa barrera administrativa.
¿Quién impulsa la iniciativa?
Ambas administraciones atribuyen la idea al otro. La Xunta la presenta como propia en su nota oficial. El Concello la anuncia como una propuesta formalizada por su Concejal de Economía, José Manuel Lage. El consenso político es evidente, pero la ejecución depende de acuerdos con otros ayuntamientos y del sector del taxi.
¿Cómo afecta al aeropuerto de Alvedro?
El aeropuerto de Alvedro gana relevancia tras el cierre programado de Lavacolla entre el 23 de abril y el 27 de mayo de 2026. Durante ese periodo, Alvedro absorberá el tráfico aéreo regional. Una área de prestación conjunta garantiza que más taxis puedan acceder al recinto sin trabas burocráticas.
Actualmente, la cobertura en Alvedro depende de turnos limitados y de la disponibilidad de vehículos de Culleredo. Con la nueva figura, los taxis de A Coruña podrían operar directamente en el aeropuerto, mejorando la oferta y reduciendo tiempos de espera.
¿Qué pasa con los VTC?
La propuesta busca nivelar el campo de juego frente a VTC como Uber o Bolt. Estos servicios no tienen restricciones territoriales y ya operan en toda la comarca. Los taxis, en cambio, enfrentan límites legales que afectan su capacidad de respuesta. La área de prestación conjunta es una herramienta regulatoria para equiparar condiciones de acceso al mercado.
¿Cuál es el marco legal y económico actual?
La normativa gallega sobre taxis se rige por el Decreto 124/2017, que permite la creación de áreas de prestación conjunta bajo acuerdo entre administraciones. Sin embargo, su implementación requiere un convenio específico, evaluación de impacto y participación del Colexio Oficial de Taxistas.
Desde el punto de vista económico, el sector del taxi en A Coruña representa más de 300 licencias activas. Extender su radio de acción podría incrementar la facturación media un 12–18 %, según estimaciones preliminares del Observatorio de Movilidad Urbana de Galicia.
¿Qué dice la ley sobre la competencia con VTC?
El Real Decreto-Ley 11/2022 establece que las administraciones locales pueden regular la prestación del servicio de taxi para garantizar la calidad, seguridad y equidad. La área de prestación conjunta se enmarca en esa facultad, siempre que no vulnere la libre prestación de servicios.
Datos Clave
- La propuesta implica eliminar las restricciones geográficas entre taxis de A Coruña y municipios del área metropolitana.
- El aeropuerto de Alvedro será clave durante el cierre de Lavacolla (23 abr–27 may 2026).
- La Xunta y el Concello de A Coruña ya acordaron evaluar la viabilidad técnica y jurídica.
- No se ha definido aún qué municipios formarán parte del área ni cuándo entrará en vigor.
- El sector del taxi debe ser consultado formalmente antes de la aprobación final.
¿Qué sigue ahora?
Falta la participación de los ayuntamientos de Culleredo, Oleiros, Santiago de Compostela y otros potenciales integrantes. También es obligatoria la consulta al Colexio Oficial de Taxistas de A Coruña y a la Asociación Galega de VTC. El proceso podría tardar entre 4 y 6 meses en concretarse, dependiendo de la velocidad de los acuerdos interadministrativos.
