La reciente propuesta de la Comisión Europea para desbloquear el quinto pago de fondos europeos Next Generation EU ha generado un debate significativo en el ámbito económico español. Aunque el Gobierno español había solicitado un desembolso de 25.100 millones de euros, la Comisión ha decidido liberar solo 24.137 millones, lo que representa una reducción de casi mil millones respecto a lo solicitado. Este hecho ha sido interpretado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como una «buena noticia», aunque la realidad es que el recorte refleja preocupaciones sobre el cumplimiento de ciertos compromisos fiscales por parte del Gobierno.
### Retenciones y compromisos incumplidos
La razón detrás de esta reducción en el desembolso se relaciona con el incumplimiento de varios hitos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En particular, la Comisión Europea ha decidido descontar 1.100 millones de euros debido a la falta de progreso en la subida de la fiscalidad del diésel y en la digitalización de comunidades autónomas y ayuntamientos. De esta cantidad, 500 millones corresponden a la no eliminación de la bonificación fiscal al diésel, mientras que 40 millones están vinculados a la digitalización. Además, se han bloqueado otros 626 millones relacionados con el primer desembolso, a la espera de que el Gobierno avance en la reducción de la temporalidad del empleo público, un tema que ha cobrado relevancia tras una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El total de fondos europeos retenidos asciende a aproximadamente 1.126 millones de euros, lo que pone de manifiesto la presión sobre el Gobierno para cumplir con los hitos establecidos. Sin embargo, el ministro Cuerpo ha destacado que el quinto desembolso incluye 158 millones pendientes del cuarto pago, gracias a que se ha completado el compromiso relacionado con el programa del kit digital. Esto sugiere que, a pesar de los desafíos, hay avances en algunas áreas.
### Estrategias del Gobierno para cumplir con los hitos
El Gobierno español se ha comprometido a resolver los hitos pendientes en un plazo de seis meses, con el objetivo de evitar la pérdida definitiva de los fondos retenidos. Durante su participación en la reunión del Eurogrupo, el ministro Cuerpo indicó que las negociaciones con la Comisión Europea están avanzadas, especialmente en lo que respecta a la digitalización de autonomías y ayuntamientos, así como a la estabilidad laboral de los empleados públicos.
Para abordar el problema de la temporalidad en el sector público, el Gobierno está trabajando en la modificación de varias normativas, incluida la Ley de Función Pública. Esta reforma busca ajustar las indemnizaciones tanto de interinos como de funcionarios, en línea con lo que exige la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, el cumplimiento del objetivo de elevar la fiscalidad del diésel se presenta como un desafío más complicado. El Ministerio de Hacienda ha señalado que la retirada de la bonificación fiscal fue parte de una enmienda parlamentaria que no logró el respaldo necesario en el Congreso de los Diputados.
A pesar de estos retos, el ministro Cuerpo ha defendido que las reformas fiscales ya implementadas por el Gobierno son adecuadas y que podrían generar una recaudación equivalente a las 3 décimas de PIB que se esperaban de la medida del diésel. Esto pone de relieve la complejidad de la situación fiscal en España y la necesidad de un enfoque equilibrado que permita cumplir con los compromisos europeos sin comprometer la estabilidad económica interna.
En un contexto más amplio, la situación de los fondos europeos es un reflejo de las tensiones entre las expectativas de la Unión Europea y la realidad política y económica de los Estados miembros. La capacidad de España para cumplir con los hitos establecidos no solo influye en la disponibilidad de estos fondos, sino que también tiene implicaciones para la credibilidad del Gobierno ante sus ciudadanos y socios europeos. La gestión de estos recursos es crucial para la recuperación económica del país, especialmente en un momento en que la economía global enfrenta incertidumbres significativas.
La situación actual pone de manifiesto la importancia de una planificación fiscal sólida y de la necesidad de un diálogo continuo entre el Gobierno y la Comisión Europea. A medida que España avanza en la implementación de sus compromisos, será fundamental mantener la transparencia y la rendición de cuentas para asegurar que los fondos europeos se utilicen de manera efectiva y en beneficio de la sociedad española.
