La reciente venta de Ayesa Digital ha generado una ola de preocupación entre los trabajadores de la empresa, especialmente en Sevilla. La transacción, que se cerró el 1 de enero por un monto de 480 millones de euros, fue adquirida por un consorcio vasco que incluye al Gobierno vasco, Kutxabank, Fundación BBK y Teknei. Esta situación ha llevado a los empleados a solicitar la intervención de la Junta de Andalucía para asegurar la continuidad de sus puestos de trabajo y la recuperación de la antigua Sadiel, que fue una pieza clave en el desarrollo tecnológico andaluz.
Los trabajadores se mostraron sorprendidos por la falta de comunicación y acción por parte de la Junta de Andalucía, que no se pronunció sobre la venta hasta que fue oficial. Miguel Marín, secretario general de la sección sindical de UGT en Ayesa en Sevilla, expresó su descontento, señalando que la Junta debería haber estado más involucrada en la negociación y haber intentado una compra parcial junto al Gobierno vasco. La falta de proactividad ha dejado a los empleados en un estado de incertidumbre, ya que no se han garantizado sus puestos de trabajo en Andalucía.
La preocupación se intensifica con las declaraciones de Mikel Jauregui, consejero del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, quien afirmó que el acuerdo proporciona tranquilidad a los más de 2,000 trabajadores de Ayesa Digital en Euskadi. Sin embargo, esta afirmación no incluye a los empleados que la empresa tiene en otras regiones, lo que ha llevado a los trabajadores andaluces a cuestionar el futuro de sus empleos.
### Reacciones de los Trabajadores y Representantes Políticos
La reacción de los trabajadores ha sido de incredulidad e indignación. El PSOE de Sevilla ha mantenido reuniones con los empleados, donde se ha manifestado la frustración por la falta de respuesta de la Junta de Andalucía y el silencio del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Los representantes del PSOE han calificado la situación como «una mala noticia» para el sector tecnológico andaluz, que ve en la venta de Ayesa Digital una pérdida significativa de identidad y estabilidad.
La portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha defendido que la decisión de trasladar la sede social de Ayesa al País Vasco es una cuestión que corresponde a una empresa privada. A pesar de esto, ha asegurado que la Junta ha mantenido contactos con Ayesa y que existe un compromiso para preservar los puestos de trabajo fuera del País Vasco. Sin embargo, los empleados siguen preocupados por la falta de garantías concretas y por el futuro incierto que les espera.
La venta de Ayesa Digital no solo afecta a los trabajadores en Andalucía, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la empresa en su conjunto. Con 15,000 empleados en el territorio nacional e internacional, la incertidumbre se extiende más allá de las fronteras andaluzas. Los trabajadores temen que el consorcio vasco, al recuperar la antigua Ibermática, se enfoque únicamente en el desarrollo de su sede en Euskadi, dejando de lado a los empleados en otras regiones.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de un diálogo más efectivo entre las empresas y las administraciones públicas para garantizar la estabilidad laboral y el desarrollo del sector tecnológico en Andalucía. La falta de comunicación y la percepción de abandono por parte de la Junta de Andalucía han generado un clima de desconfianza entre los trabajadores, quienes exigen respuestas claras y un compromiso real para proteger sus empleos.
La venta de Ayesa Digital es un claro ejemplo de cómo las decisiones empresariales pueden tener un impacto significativo en la vida de los trabajadores y en el tejido industrial de una región. La incertidumbre que rodea a esta transacción resalta la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para asegurar un futuro sostenible y próspero para todos los involucrados.
