El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha tomado la iniciativa de proponer un aumento significativo en la inversión destinada a la vivienda, en un esfuerzo por abordar la creciente crisis habitacional que afecta a muchas comunidades autónomas. En una carta dirigida a los presidentes autonómicos, Sánchez ha planteado un nuevo Acuerdo Estatal para la vivienda que busca triplicar la inversión actual, pasando de 2.300 millones a 7.000 millones de euros entre 2026 y 2030. Este incremento no solo refleja la urgencia del problema, sino también un intento de fomentar la cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular (PP).
La propuesta incluye un compromiso del Gobierno de aportar el 60% del total, es decir, 4.000 millones de euros, siempre que las comunidades autónomas contribuyan con al menos 2.700 millones. Esta estrategia está diseñada para facilitar la construcción y rehabilitación de vivienda pública, tanto en régimen de propiedad como de alquiler. En su misiva, Sánchez enfatiza que la política de vivienda es una competencia compartida y destaca que las comunidades autónomas han recibido un 47% más de recursos del Estado en el periodo de 2019 a 2025 en comparación con el periodo de 2012 a 2018.
Uno de los puntos más destacados de la propuesta es la insistencia en que todas las viviendas financiadas con fondos públicos mantengan su calificación de vivienda protegida de manera permanente. Esto garantizaría que siempre haya opciones asequibles de propiedad o alquiler disponibles para la ciudadanía. Además, el presidente ha criticado a los portales inmobiliarios como Idealista y Fotocasa, acusándolos de monopolizar la información sobre el mercado de la vivienda y de ofrecer datos poco fiables. Según Sánchez, esta falta de información precisa impide que los gobiernos diseñen políticas públicas efectivas y dificulta que los ciudadanos negocien adecuadamente los precios de compra y alquiler.
Para abordar esta problemática, el presidente ha propuesto que las comunidades autónomas compartan sus datos en un esfuerzo por crear una base de datos estatal agregada. Esta base de datos estaría disponible para la ciudadanía, universidades y el sector inmobiliario a través de un portal web, lo que permitiría un mayor acceso a la información y, en consecuencia, una mejor toma de decisiones en el ámbito de la vivienda. Sánchez concluye su carta instando a los presidentes autonómicos a considerar sus propuestas de «más financiación pública, menos especulación y más transparencia» con el objetivo de debatirlas de manera constructiva en la próxima reunión programada.
**Desafíos en la Conferencia de Presidentes**
A pesar de la ambiciosa propuesta de Sánchez, el ambiente en torno a la próxima Conferencia de Presidentes es tenso. Desde el Gobierno se ha manifestado una resignación ante la posibilidad de que la reunión se convierta en un mero trámite, especialmente después de las amenazas de boicot por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Estas comunidades habían advertido que se ausentarían de la reunión si no se incluían todas sus propuestas en el orden del día, lo que llevó al Ejecutivo a ceder a sus demandas para asegurar la celebración del encuentro.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado esta situación para resaltar la importancia de la autonomía de su partido, argumentando que su objetivo es evitar que el presidente del Gobierno imponga su agenda sin considerar las preocupaciones de las comunidades. Feijóo ha señalado que, aunque el Gobierno pueda evitar hablar de ciertos temas polémicos ante los medios, no permitirá que se ignoren los problemas de gestión que afectan a la ciudadanía, como la ocupación ilegal de viviendas y la necesidad de un nuevo plan energético.
Las comunidades autónomas han forzado la inclusión de temas como la retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda, la lucha contra la ocupación, y la reforma del Poder Judicial en la agenda de la Conferencia. A pesar de que el Gobierno había considerado que algunos de estos asuntos no eran competencia de la Conferencia de Presidentes, finalmente cedió ante la presión política. Este contexto de confrontación política plantea un desafío significativo para la efectividad de la reunión y la posibilidad de alcanzar acuerdos concretos sobre la crisis de la vivienda.
La situación actual refleja la complejidad del panorama político en España, donde la cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas es crucial para abordar problemas que afectan a la ciudadanía. La propuesta de Sánchez es un paso importante, pero su éxito dependerá de la voluntad de las comunidades autónomas de colaborar y de la capacidad del Gobierno para navegar en un entorno político dividido.
