La Red Eléctrica de España (REE) ha implementado un conjunto de medidas especiales tras el gran apagón ocurrido el 28 de abril de 2025. Estas acciones buscan reducir el riesgo de un nuevo colapso en el sistema eléctrico nacional, aunque han traído consigo un aumento en el precio de la electricidad. Este modo de operación reforzado se mantendrá vigente al menos hasta principios de 2026, lo que ha generado un debate sobre la sostenibilidad y el costo de la energía en el país.
La estrategia adoptada por REE implica una reducción en el uso de energías renovables, priorizando en su lugar las fuentes de energía tradicionales, especialmente las centrales de gas. Esta decisión ha sido justificada por la necesidad de estabilizar el sistema eléctrico, aunque también ha sido criticada por su impacto en los recibos de luz de millones de hogares. La compañía argumenta que la utilización intensiva de servicios de ajuste es esencial para evitar otro apagón, hasta que se implementen las nuevas medidas de control y supervisión propuestas por el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
### Justificación de las Medidas Adoptadas
Desde REE se ha enfatizado que la misión principal es garantizar el suministro eléctrico. Las fuentes de la empresa han explicado que, tras el incidente de abril, se consideró prudente mantener una programación de restricciones reforzada hasta que las medidas propuestas se implementen de manera efectiva. Según el informe emitido por el operador del sistema, las causas del apagón se debieron a un mal cálculo en el mix de producción de electricidad, lo que llevó a un exceso de energías renovables en ese momento crítico.
Roberto García Merino, consejero delegado de Redeia, ha defendido la decisión de continuar con la operación reforzada, argumentando que es necesario asegurar una cobertura suficiente ante posibles incumplimientos de otros operadores del sistema eléctrico. Esta postura ha sido respaldada por la necesidad de garantizar que todas las partes involucradas cumplan con sus obligaciones para mantener la estabilidad del sistema.
Sin embargo, la implementación de estas medidas ha sido objeto de críticas. Algunos expertos en el sector eléctrico han señalado que el uso intensivo de energías tradicionales es una señal de que la planificación del sistema eléctrico no fue adecuada. A pesar de estas críticas, REE ha mantenido que su enfoque es necesario para prevenir futuros incidentes.
### El Futuro del Sistema Eléctrico en España
El panorama legislativo en torno a la supervisión del sistema eléctrico también ha sido un tema candente. Un real decreto ley que otorgaba más poder a la CNMC para supervisar las acciones de las compañías eléctricas no fue convalidado en el Congreso, lo que ha llevado al Gobierno a buscar nuevas formas de implementar medidas de control. La tramitación de un nuevo real decreto está en marcha, aunque su aplicación efectiva podría retrasarse hasta más allá de 2026.
El Gobierno ha optado por tramitar este nuevo decreto por la vía de urgencia, con la esperanza de reducir los plazos de implementación. Sin embargo, el traspiés parlamentario ha generado incertidumbre sobre cuándo se podrán aplicar efectivamente estas medidas. La falta de un marco regulatorio sólido podría complicar aún más la situación, dejando a la Red Eléctrica en una posición delicada mientras intenta equilibrar la estabilidad del sistema con la presión de los precios de la electricidad.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro del sistema eléctrico en España. La transición hacia un modelo más sostenible y menos dependiente de las energías fósiles es un objetivo a largo plazo, pero las medidas temporales adoptadas por REE sugieren que el camino hacia esa transición será complicado. La dependencia de las energías tradicionales, aunque necesaria en este momento, podría ser vista como un retroceso en los esfuerzos por adoptar un modelo energético más limpio y eficiente.
A medida que se avanza hacia 2026, será crucial observar cómo se desarrollan las reformas propuestas y cómo estas impactan tanto en la estabilidad del sistema eléctrico como en los precios que los consumidores deben afrontar. La capacidad de REE para adaptarse a estos cambios y garantizar un suministro eléctrico seguro y asequible será fundamental para el bienestar de los ciudadanos y la economía del país.