La reciente advertencia del comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, al Gobierno español ha puesto de relieve la creciente preocupación de la Unión Europea (UE) respecto a la lucha contra la corrupción en España. Durante una sesión en el Parlamento Europeo, McGrath destacó los incumplimientos reiterados del Ejecutivo de Pedro Sánchez en este ámbito, lo que ha generado un clima de tensión tanto a nivel interno como en las relaciones con Bruselas.
La advertencia se centra en la falta de avances significativos en la implementación de recomendaciones clave que la UE ha hecho a España. Entre estas, se encuentra la creación de una agencia estatal especializada en la lucha contra la corrupción, la aprobación de una ley sobre lobbies y el fortalecimiento de los mecanismos de independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses. Este último aspecto es particularmente relevante, dado que la Oficina depende directamente del Gobierno, lo que ha suscitado dudas sobre su imparcialidad.
### La Influencia de los Conflictos de Interés
La situación se complica aún más por el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ordenó investigar un posible conflicto de interés relacionado con el rescate de Air Europa, en el que la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, tiene vínculos empresariales. A pesar de esta orden, la Oficina de Conflictos de Intereses archivó la denuncia presentada por el Partido Popular, alegando que Gómez no ocupaba un cargo directivo en la compañía. Esta decisión ha sido criticada por la oposición, que argumenta que el Gobierno está encubriendo irregularidades.
Dolors Montserrat, eurodiputada del Partido Popular, no dudó en acusar al Gobierno de Sánchez de utilizar una «maquinaria propagandística» para desviar la atención de las irregularidades. Durante la sesión, Montserrat instó a McGrath a pasar de las advertencias a la acción, enfatizando que el deterioro del Estado de derecho en España no puede ser minimizado. La eurodiputada subrayó que atacar el Estado de derecho en un país es un ataque a la integridad de toda Europa.
### La Respuesta de Bruselas y el Clamor por Reformas
McGrath, por su parte, adoptó un tono diplomático, pero dejó claro que Bruselas está dispuesta a utilizar «todas las herramientas de vigilancia disponibles» para asegurar que los Estados miembros cumplan con las normas del Estado de derecho. Afirmó que la Comisión Europea está atenta a los acontecimientos en España y está dispuesta a ofrecer apoyo para implementar las reformas necesarias.
La situación en España ha sido objeto de escrutinio desde hace meses, especialmente tras la publicación de un informe de la Comisión que advertía sobre la «necesidad urgente» de reforzar la independencia de los organismos encargados de combatir la corrupción. Este informe se hizo aún más relevante tras el encarcelamiento de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, por su implicación en un caso de corrupción.
El comisario también hizo referencia a las alertas emitidas por organismos internacionales, como el GRECO del Consejo de Europa, que ha señalado el incumplimiento de 19 recomendaciones clave en materia de prevención de la corrupción. Este organismo ha criticado la falta de «resultados tangibles» en las medidas anticorrupción implementadas por el Gobierno español.
La falta de avances legislativos en la lucha contra la corrupción ha generado un clima de desconfianza tanto en la ciudadanía como en las instituciones europeas. La reciente cancelación de la participación del ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una sesión clave del Parlamento Europeo ha sido interpretada como una señal de desinterés por parte del Gobierno, lo que ha aumentado las tensiones entre España y la UE.
En este contexto, la presión sobre el Gobierno de Sánchez para que tome medidas concretas y efectivas en la lucha contra la corrupción se intensifica. La acumulación de casos judiciales que afectan al entorno del PSOE, junto con la falta de avances legislativos, refuerzan la percepción de que el Ejecutivo está arrastrando los pies en este asunto crítico. La situación actual plantea un desafío significativo para la administración de Sánchez, que deberá demostrar su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas para restaurar la confianza tanto a nivel nacional como internacional.