La Generalitat Valenciana se encuentra en una situación crítica tras las devastadoras inundaciones que ocurrieron el pasado 29 de octubre, donde se registraron 228 muertes. Desde entonces, el gobierno regional ha estado esperando una respuesta del Gobierno central sobre su solicitud de ayuda financiera urgente. A pesar de haber enviado una carta el 30 de enero, la respuesta llegó con un retraso significativo y con una cantidad que ha generado indignación en el Palau de la Generalitat.
La carta del Ministerio de Hacienda, recibida recientemente, notificó que la Generalitat solo recibiría 30,8 millones de euros de los 100 millones que la Comisión Europea había liberado como adelanto del Fondo de Solidaridad (FSUE). Este anuncio ha sido recibido con desdén por parte del president Carlos Mazón, quien expresó su frustración al enterarse de que el Gobierno había tardado más de dos meses en comunicar que ya contaba con esos fondos. La indignación se intensifica al considerar que el Gobierno central se ha adjudicado casi la mitad del anticipo europeo, mientras que la Generalitat ha tenido que asumir la mayor parte de los gastos derivados de la emergencia.
### La Respuesta del Gobierno y la Indignación en la Generalitat
El malestar en el Consell es palpable. Desde el entorno de Mazón, se acusa al Gobierno de ocultar información crucial y de no haber actuado con la celeridad necesaria ante una situación tan grave. La Generalitat había solicitado un anticipo urgente debido a la presión financiera que enfrentaba tras las inundaciones, pero su petición fue ignorada durante meses. La respuesta del Gobierno, que llegó con un monto significativamente menor al esperado, ha sido calificada de «injusta» y «asfixiante» para la comunidad.
La Generalitat ha presupuestado 1.010 millones de euros en ayudas para los damnificados, de los cuales ya ha desembolsado más de la mitad con fondos propios. Este esfuerzo contrasta con la ejecución de ayudas por parte del Gobierno central, que ha alcanzado solo un 17,75% de los 16.600 millones anunciados. La Generalitat critica que, mientras ellos han estado trabajando para atender a los afectados, el Gobierno ha demorado la ejecución de las ayudas y ha aplicado un reparto que no refleja la urgencia de la situación.
El Ministerio de Hacienda ha justificado el reparto del anticipo en función del gasto presentado por cada administración, pero esto no ha convencido a la Generalitat, que sostiene que el Gobierno tiene más capacidad financiera y que lo justo habría sido un mayor porcentaje para la Comunidad Valenciana, al menos mientras se espera la llegada de la ayuda completa.
### La Larga Espera por la Ayuda Definitiva
La Generalitat ha manifestado su preocupación por la tardanza en la llegada de los fondos definitivos. Según fuentes del gobierno regional, se estima que, con suerte, la ayuda completa podría llegar a mediados de 2026. Esta incertidumbre ha llevado al Consell a activar partidas propias y a recurrir a créditos para poder atender las ayudas de emergencia, la reconstrucción de infraestructuras y la compensación a los damnificados.
La situación se complica aún más con la presión política que enfrenta el president Mazón. En vísperas de la conferencia de Presidentes, se ha incluido esta «injusticia» en una carpeta que ya contenía el «bloqueo» de otras vías de financiación, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario. Esta situación ha generado un clima de tensión entre la Generalitat y el Gobierno central, que se ha intensificado con las manifestaciones de los ciudadanos que exigen una respuesta adecuada a la crisis.
El Gobierno valenciano ha llevado el asunto a la Fiscalía por los vertidos de residuos y vehículos junto al barranco del Poyo, un área que se ha visto gravemente afectada por las inundaciones. La Generalitat ha solicitado comprensión ante su situación de tesorería, argumentando que han tenido que hacer frente a numerosos contratos de emergencia sin el apoyo financiero necesario del Gobierno central.
A pesar de las dificultades, el Consell sigue trabajando para atender a los afectados y garantizar que se cumplan las promesas de ayuda. Sin embargo, la falta de respuesta y la demora en la llegada de los fondos han generado un clima de desconfianza y frustración entre los ciudadanos y las autoridades locales. La Generalitat ha exigido al Gobierno central lealtad, celeridad y compromiso, mientras que la presión política y social sigue en aumento ante la falta de acción efectiva para resolver esta crisis.
