En los últimos meses, varios altos funcionarios del Gobierno español han adoptado una sorprendente estrategia en sus comparecencias judiciales y parlamentarias: el uso recurrente de frases como «no recuerdo» o «no me consta». Esta táctica ha generado un clima de desconfianza y críticas por parte de la oposición, que cuestiona la transparencia y la responsabilidad de los líderes políticos en medio de investigaciones que involucran a figuras clave del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
La situación se ha vuelto especialmente evidente en el contexto del caso Koldo, donde Pilar Sánchez Acera, exjefa de gabinete en Moncloa, sorprendió a los presentes en el Tribunal Supremo al declarar que no recordaba quién le había enviado un correo crucial relacionado con el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este correo había sido objeto de atención mediática, lo que hace aún más sorprendente su falta de memoria sobre un asunto tan relevante. A pesar de su posición, Sánchez Acera no pudo identificar al periodista que le proporcionó la información, alegando que había cambiado de teléfono al dejar Moncloa.
El fenómeno del «no recuerdo» no se limita a Sánchez Acera. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha recurrido a esta táctica en múltiples ocasiones. Durante su comparecencia en el Senado, repitió más de cuarenta veces que no tenía constancia de diversos hechos relacionados con la trama Koldo. Por ejemplo, no pudo aclarar la ubicación del despacho del gerente del PSOE, un detalle que debería ser de su conocimiento como secretario general del partido. Además, su incapacidad para recordar detalles sobre la visita de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a España ha suscitado aún más dudas sobre su gestión y conocimiento de los asuntos del Gobierno.
La vicepresidenta María Jesús Montero, por su parte, también ha mostrado lagunas de memoria en su testimonio. En una comisión de investigación, admitió haber asistido a un evento importante, pero no pudo recordar si el empresario Víctor de Aldama estaba presente. Además, su declaración sobre la compra de mascarillas con IVA, a pesar de haber firmado un decreto que eximía dicho material, ha sido criticada por la oposición como un claro ejemplo de incompetencia.
La estrategia del olvido parece haberse extendido a otros miembros del Gobierno. Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, ha cambiado su versión sobre su relación con Koldo García, negando inicialmente haber hablado con él sobre contratos públicos, solo para luego admitir que sí había tenido comunicaciones. Esta falta de coherencia ha llevado a acusaciones de mentiras en sede parlamentaria, lo que pone en entredicho la credibilidad de su testimonio.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, también ha utilizado el recurso del «no recuerdo» en su comparecencia, a pesar de que informes de la UCO lo sitúan en reuniones clave relacionadas con la trama Koldo. Reyes Maroto, exministra de Industria, ha seguido un camino similar, negando conocer a Aldama y luego reconociendo que había intercambiado mensajes con él, aunque minimizando su importancia.
La repetición de estas respuestas evasivas ha llevado a la oposición a cuestionar la transparencia del Gobierno y su compromiso con la rendición de cuentas. La falta de memoria de los altos funcionarios no solo plantea dudas sobre su capacidad para gestionar sus responsabilidades, sino que también alimenta la percepción de que hay un intento deliberado de ocultar información relevante.
La situación se complica aún más cuando se considera que muchos de estos funcionarios han sido acusados de actuar de manera poco ética en sus funciones. La estrategia del olvido podría interpretarse como un intento de eludir la responsabilidad por acciones que podrían tener consecuencias legales o políticas. La presión sobre el Gobierno para que brinde respuestas claras y coherentes se intensifica a medida que las investigaciones avanzan y se revelan nuevos detalles.
En este contexto, la ciudadanía se enfrenta a un dilema: ¿cómo confiar en un Gobierno cuyos miembros parecen no recordar hechos fundamentales que podrían afectar la integridad de su gestión? La falta de respuestas claras y la evasión de responsabilidades no solo socavan la confianza pública, sino que también plantean interrogantes sobre la cultura política en España y la necesidad de una mayor transparencia en la gestión pública.
La estrategia del olvido, aunque puede parecer efectiva a corto plazo, podría tener repercusiones a largo plazo para el Gobierno y el PSOE. La percepción de que los altos funcionarios están tratando de ocultar información o evadir responsabilidades podría erosionar aún más la confianza pública en las instituciones y en la política en general. A medida que las investigaciones continúan y se revelan más detalles, será crucial observar cómo el Gobierno maneja esta situación y si opta por una mayor transparencia o por seguir en la senda del olvido.
