En los últimos días, el debate sobre la efectividad de las pulseras antimaltrato ha cobrado una relevancia inesperada, generando una ola de críticas y preocupaciones entre la población. Este dispositivo, que debería servir como un mecanismo de protección para las víctimas de violencia de género, ha sido objeto de controversia debido a fallos técnicos que han puesto en riesgo la seguridad de miles de mujeres. La presentadora Susanna Griso ha sido una de las voces más críticas, señalando que la desprotección de las víctimas persiste a pesar de las afirmaciones del Ministerio de Igualdad.
**Fallas Técnicas y Consecuencias Legales**
El origen de la polémica radica en un error en el sistema informático que gestiona las pulseras antimaltrato. Durante un proceso de migración de datos, se produjo una pérdida significativa de información que afectó a los registros de movimientos de los agresores. Este vacío informativo ha llevado a que numerosos casos de violencia de género resulten en absoluciones y sobreseimientos, ya que los juzgados no contaban con la información necesaria para tomar decisiones informadas. Según la Fiscalía General del Estado, esta situación se prolongó durante varios meses, lo que ha generado una gran preocupación entre las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres.
Durante este periodo, las nuevas pulseras también presentaron problemas adicionales, como falsos positivos y localizaciones erróneas de los agresores. La situación se volvió aún más crítica cuando se reveló que estos dispositivos eran fácilmente manipulables, lo que pone en duda su eficacia como herramienta de protección. A pesar de las evidencias, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha desestimado estas críticas, calificándolas de «bulos» y asegurando que la seguridad de las mujeres está garantizada.
**La Voz de las Víctimas y los Expertos**
En un reciente programa de televisión, Susanna Griso abordó esta problemática junto a expertos en feminismo y representantes de sindicatos de policía. Ana Bernal-Treviño, periodista especializada en feminismo, expresó su preocupación por la incertidumbre que enfrentan las víctimas debido a estos fallos. «Lo que más me preocupa es la situación de incertidumbre en la que ahora mismo quedan las víctimas», afirmó, resaltando la necesidad de una solución inmediata.
Por su parte, Nadia Pajarón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, subrayó que los problemas con las pulseras comenzaron desde el momento en que se cambió la empresa encargada de su gestión. La falta de cobertura en ciertas áreas y la ineficacia del nuevo sistema han contribuido a una sensación generalizada de desprotección entre las víctimas de maltrato. Griso, en su intervención, no dudó en calificar la situación de «gravísima», insistiendo en que la desprotección sigue existiendo a día de hoy.
La presentadora también criticó la inacción del Ministerio de Igualdad durante los ocho meses en que se produjeron estos fallos. «Es sorprendente que el Ministerio no hiciera nada durante esos ocho meses», comentó, refiriéndose a la incapacidad de la empresa encargada de desencriptar los datos. Esta falta de respuesta ha generado un clima de desconfianza hacia las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia de género.
La polémica se intensifica en un contexto donde la sociedad está cada vez más consciente de la violencia de género y la necesidad de proteger a las víctimas. La situación actual de las pulseras antimaltrato plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema para garantizar la seguridad de quienes más lo necesitan. En este sentido, la crítica de Griso y otros expertos resuena con fuerza, demandando una revisión urgente de los protocolos y la gestión de estos dispositivos.
La discusión sobre las pulseras antimaltrato no solo refleja un problema técnico, sino que también pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más integral en la lucha contra la violencia de género. Las voces de las víctimas y los expertos deben ser escuchadas y tomadas en cuenta para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro. La protección de las mujeres debe ser una prioridad, y es fundamental que las instituciones actúen de manera efectiva y responsable para garantizar su seguridad.