La relación entre el Gobierno español y la empresa tecnológica china Huawei ha generado un intenso debate en el ámbito de la seguridad nacional. A pesar de las advertencias sobre los riesgos asociados a los dispositivos de Huawei, el Ministerio del Interior ha decidido adjudicar un contrato significativo a la compañía, lo que ha suscitado preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional.
La controversia comenzó en 2019, cuando el Ministerio de Defensa, bajo la dirección de Margarita Robles, emitió una orden que prohibía el uso de dispositivos Huawei en sus sistemas de información. Esta decisión se tomó en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y China, donde Huawei fue señalado como un posible riesgo de espionaje. La orden establecía que cualquier dispositivo Huawei en posesión de los empleados del Ministerio debía ser desconectado de inmediato, especialmente aquellos con acceso al correo corporativo. Esta política reflejaba una postura clara sobre la seguridad de los sistemas de defensa del país.
Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente en los últimos años. En 2025, el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, adjudicó un contrato de 12,3 millones de euros a Huawei para mantener el sistema OceanStor 6800 V5, utilizado para almacenar escuchas telefónicas autorizadas judicialmente. Esta decisión ha generado una nueva ola de críticas y preocupaciones sobre la seguridad nacional, ya que implica la custodia de datos sensibles por parte de una empresa que anteriormente fue considerada un riesgo.
La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. Los presidentes de los comités de Inteligencia del Congreso y el Senado han solicitado una revisión de los acuerdos de intercambio de información entre España y Estados Unidos, argumentando que la decisión de España podría poner en riesgo la seguridad nacional. Rick Crawford, presidente del Comité de Inteligencia del Parlamento de Estados Unidos, advirtió que «España está jugando con fuego» al permitir que Huawei maneje datos tan delicados.
Desde el Ministerio del Interior, se ha defendido la contratación, asegurando que no comporta riesgos para la seguridad y que cumple con los estándares requeridos por las autoridades de certificación independientes. Sin embargo, esta postura contrasta con la política adoptada por el Ministerio de Defensa en 2019, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la coherencia de la política de ciberseguridad del Gobierno español.
La situación se complica aún más por el hecho de que Huawei sigue estando vetada en la infraestructura de la red 5G en España, lo que plantea interrogantes sobre la lógica detrás de permitir que la empresa maneje datos de escuchas telefónicas mientras se le niega acceso a otras áreas críticas de la infraestructura tecnológica del país. Esta inconsistencia ha llevado a una ofensiva parlamentaria por parte del Partido Popular, que ha exigido explicaciones al Gobierno y la comparecencia de varios ministros en el Congreso y el Senado.
El PP ha calificado la decisión de adjudicar el contrato a Huawei como «alarmante» y ha solicitado la remisión íntegra del expediente de contratación, así como todos los informes de ciberseguridad que respaldaron la elección de la empresa china. La preocupación por la seguridad nacional ha llevado a un debate más amplio sobre la influencia de Huawei en España y su relación con el Gobierno.
A medida que la controversia se desarrolla, la presión sobre el Gobierno español para que aclare su postura sobre Huawei y la seguridad nacional continúa aumentando. La falta de una política clara y coherente en este ámbito podría tener repercusiones significativas para la seguridad del país y su relación con aliados internacionales. La situación actual refleja la complejidad de la intersección entre la tecnología, la política y la seguridad, y plantea preguntas sobre cómo los gobiernos deben manejar las relaciones con empresas extranjeras en un mundo cada vez más interconectado y competitivo.
