La reciente investigación que involucra al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha tomado un giro significativo tras el registro realizado en su vivienda en Valencia el pasado 10 de junio de 2025. Este operativo, llevado a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha revelado la existencia de hasta 34 dispositivos de almacenamiento, incluyendo teléfonos, discos duros y tarjetas de memoria, que podrían contener información crucial para el desarrollo de la causa que se sigue en su contra.
Los registros fueron ordenados por el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el marco de una investigación que abarca a varios individuos y empresas, incluyendo a su asesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama. La trama también ha comenzado a involucrar a Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE, quien fue añadido a la lista de investigados la semana pasada. Este caso ha suscitado un gran interés mediático, no solo por la relevancia de los implicados, sino también por las implicaciones que podría tener en el ámbito político español.
### Detalles del Registro y Hallazgos
Durante el registro en la vivienda de Ábalos, los agentes encontraron un disco duro que había sido ocultado por una modelo que lo acompañaba. Según los informes, ella intentó disimular su posesión al salir de una habitación, pero fue sometida a un cacheo en el que se descubrió el dispositivo. Este hallazgo ha generado preguntas sobre la naturaleza de la información que podría estar almacenada en esos dispositivos, algunos de los cuales presentan logotipos del PSOE y de la constructora Etosa, así como de la fundación Fiadelso.
Además de los dispositivos electrónicos, los agentes también intervinieron cinco libretas y un conjunto documental que podría ser relevante para la investigación. La UCO ha indicado que los dispositivos fueron seleccionados de manera específica, basándose en su posible conexión con la trama de corrupción que se investiga. En total, se realizaron registros en más de diez domicilios y empresas vinculadas a la presunta red de cobro de comisiones por adjudicaciones de obras públicas.
Los registros no solo se limitaron a la vivienda de Ábalos. También se llevaron a cabo operativos en las residencias de otros implicados, como José Ruz, responsable de Levantina, Ingeniería y Construcción, y Fernando Merino, exresponsable de Acciona en Navarra. En estos lugares, se incautaron documentos que podrían evidenciar la existencia de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
### Contexto de la Investigación
La investigación se remonta a 2015, cuando comenzaron a surgir sospechas sobre las relaciones entre Cerdán y Koldo García con otros actores del sector de la construcción. Se ha señalado que los pagos realizados por Acciona a estos individuos estaban relacionados con la gestión de una mina de potasa, lo que ha llevado a los investigadores a indagar más a fondo en las conexiones entre las partes implicadas.
Uno de los documentos clave que se encontró durante los registros fue un acuerdo por el cual Cerdán adquiría el 45% de Servinabar, una empresa en la que Joseba Antxon Alonso figura como administrador único. Este tipo de transacciones ha levantado sospechas sobre la transparencia de los procesos de adjudicación de obras públicas, especialmente en un contexto donde la corrupción ha sido un tema recurrente en la política española.
Los investigadores también han solicitado a Acciona documentación relacionada con cinco expedientes en los que la empresa fue adjudicataria de obras públicas, tanto en solitario como en colaboración con otras entidades. Entre las obras bajo sospecha se encuentran proyectos significativos como la autovía Santiago A12 y la conservación de carreteras en Teruel, lo que pone de manifiesto la magnitud de la investigación y su posible impacto en el sector de la construcción.
La situación de Ábalos y los otros implicados en esta trama de corrupción pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia en la gestión pública y el control de las adjudicaciones de obras. A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles que puedan arrojar luz sobre la complejidad de las relaciones entre los actores involucrados y las posibles irregularidades que han tenido lugar en el ámbito de la obra pública en España.
